Aunque sustenta su solicitud en que se trata de un acto de corrupción en beneficio de entidades extranjeras, sería la desesperación o lo que el presidente Enrique Peña Nieto calificó de "sensación de incredulidad y desconfianza" hacia el gobierno, lo que motivó a una empresa mexicana a colocar una carta en el buzón equivocado.
La misiva la firma la empresa Tecno Alta Distribución y está dirigida a José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en auxilio por el desenlace de una licitación pública convocada por la Comisión Federal de Electricidad.
Estamos hablando de la madre de todos los concursos para arrendamiento de vehículos realizada por el gobierno: siete mil 164 camionetas, motos y automóviles utilitarios bajo contratos por un monto de cuatro mil 424 millones de pesos.
La misiva, firmada por María De la Luz García Godínez, está fechada el 31 de octubre de 2014.
Aquí tiene usted algunos párrafos:
"Con todo respeto, me es necesario hacer de su conocimiento diversos hechos que han tenido lugar en México y que por sí mismo vulneran el espíritu de la Convención de la Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, toda vez que la empresa que resultó una adjudicación directa de la Comisión Federal de Electricidad, es de capital foráneo.
"El 29 de julio de 2014 Tecno Alta Distribución recibió por parte de la Gerencia de Abastecimiento de la CFE invitación para participar en la adjudicación directa nacional SA-018TOQ003-N195-2014 para la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos terrestres, cuya fecha límite para aclaraciones era el 12 de agosto.
"El 8 de agosto se solicitaron diversas aclaraciones que nunca fueron atendidas por la convocante, es decir, no se le dio oportunidad de acceder al procedimiento en las mismas condiciones que los demás participantes.
"El 22 de agosto se emitió el resultado de la adjudicación en la cual se ignoraron los derechos de mi representada. El 8 de septiembre se adjudicaron los contratos a cuatro empresas: Casanova Vallejo, Arrendamóvil de México, Integra Arrenda y Ferbel Norte". La misiva concluye señalando que el "arsenal" de pruebas lo tiene la propia CFE, "razón por la cual se necesita la intervención de una instancia internacional como la que usted preside".
El caso lo planteábamos al detalle el lunes, subrayando que el 82 por ciento del monto total del contrato, es decir, tres mil 628 millones, los obtuvo una sola empresa: Casanova Vallejo.
Se planteaba también que de acuerdo al Convenio Marco firmado el 24 de febrero de 2014, que obliga a las entidades del gobierno a arrendar los vehículos que requieren, en específico los modelos Pick Up Tipo Colorado LTZ 2014 de los ocho requeridos tenían un precio base de 400 pesos diarios… con la novedad de que se adjudicaron en 665.
El sobreprecio es mayor al 50 por ciento.
El artículo 14 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público señala que los contratos marco atenderán los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
Ante la denuncia, la CFE envió una carta a El Universal que llegó a horas de la noche en que el columnista desempeña otras tareas, lo que impedía que respondiera a la par.
Sin embargo, el director general de la empresa productiva de Estado, Enrique Ochoa, se empeñó en que se publicara al día siguiente.
En ella se afirma que no hubo sobreprecios aunque no se da el soporte, por más que se alude de soslayo a que el contrato incluye los gastos de mantenimiento, seguros, sistemas de geolocalización, call center, impuestos y derechos a vehículo sustituto y renovación.
Todo ello, dice, se habría pagado por separado.
El caso es que por el número de camionetas del modelo arrendado el sobrecosto de renta alcanza mil millones de pesos.
En paralelo, la CFE afirma que por tratarse de un contrato marco no se requirió testigo social, por más que los contratos superaban los cuatro mil millones de pesos.
Según la CFE en la operación se ahorró siete por ciento del presupuesto base para "dicha actividad".
El caso es que el mínimo establecido para la adjudicación era de cuatro mil 419 millones 300 mil 295 pesos, y el monto llegó a cuatro mil 424 millones 312 mil pesos.
El disparo fue de cinco millones 493 mil.
Los documentos en poder del columnista están a disposición del titular de la Función Pública, Virgilio Andrade.
BALANCE GENERAL
De acuerdo al Inegi, durante diciembre pasado la inversión fija bruta, es decir, de soporte de las empresas, incluida maquinaria y equipos, se constriñó uno por ciento respecto a noviembre.
El gasto en éstos, concretamente, se redujo en 3.1 por ciento, en tanto los de construcción se contrajeron 0.4 por ciento. Sin embargo, en el global del año el avance fue de 2.3 por ciento, alcanzando un salto en términos reales, es decir, descontada la inflación, de 4.1 por ciento. La inversión en maquinaria y equipos creció 6.8 por ciento y la de construcción 3.2.
JAQUE A VOLARIS
La demanda colocada en Estados Unidos contra la línea de aviación Volaris a quien se acusa de ofrecer información alterada o falsa en el prospecto para una colocación accionaria apunta a un reclamo de 100 millones de dólares.
La querella, patrocinada por el despacho Robbins Geller Rudman & Dowd LLP fue planteada por un fondo de pensiones ante la caída de 33 por ciento en la cotización de los papeles a partir de su colocación.
En ella se alude al director general de la firma, Enrique Beltranena; a su anterior presidente, Gilberto Perezalonso; a su fundador, Pedro Aspe, y al socio Bill Franke de Indigo Partners.
PROFECO-IMPI
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial acaba de firmar un convenio de colaboración con la Procuraduría General del Consumidor para una acción conjunta de protección al público de cara a marcas que puedan inducir a error o confusión.
Una y otra instancias se brindarán asesorías.
La Profeco alertará al organismo cuando exista alguna duda de si una marca en opción de registro pueda confundirse con otra, o si cumple con los requisitos para realizar ésta.
En el pasado se han dado choques históricos entre empresas que asumen nombres similares en letras similares a las de marcas prestigiosas.
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