En la esperanza de recuperar siete mil millones de pesos de 21 mil 320 colocados en el barril sin fondo, el Gobierno colocará en los próximos días en el escaparate los nueve ingenios que integran el Grupo Azucarero Escorpión, cuya producción equivale al 23 por ciento de la del país
La posibilidad se abrió al perder su expropietario, Enrique Molina Sobrino, un amparo con una nebulosa resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
De lograrse la reprivatización de las unidades Emiliano Zapata y Casano, ubicadas en Morelos; Atencingo, en Puebla; Plan de San Luis en San Luis Potosí, y El Potrero, San Cristóbal, San Miguelito, El Modelo y La Providencia, en Veracruz, se cerrará finalmente otro de los expedientes negros del gobierno foxista.
Estamos hablando de la expropiación realizada en septiembre de 2011, a menos de un año del primer gobierno panista, que alcanzaba también al Grupo Machado de Teresita Machado; al grupo Santos del hoy difunto Alberto Santos de Hoyos, y al Grupo Azucarero México de Juan Gallardo Thurlow.
Todos ellos lograron revertir la medida bajo el argumento simple de que el Gobierno no demostró la utilidad pública del golpe sobre el escritorio.
Aunque fue uno de los cuatro secretarios de Estado firmantes del Decreto, el de Hacienda, Francisco Gil Díaz, nunca estuvo de acuerdo con la medida. El caso es que la Secretaría de Agricultura creó una instancia para administrar las unidades, denominada Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, a quien se le inyectó, en principio cuatro mil 500 millones de pesos provenientes en las arcas de la dependencia.
De ahí en adelante todo fue oscuridad. Regresados los ingenios a sus propietarios por mandato judicial, se ubicó una catarata de litigios por mermas considerables en los activos. No había cuentas del destino del azúcar en bodegas. No había facturas que avalaran el dulce vendido. No hubo un conteo de inversión en equipos y maquinaria. En el caso del Grupo Azucarero Escorpión, se le escatimó a un particular el pago de Certificados de Depósito que habían avalado sus anteriores propietarios.
La paradoja del caso es que actualmente el Fondo que administra los ingenios tiene un déficit en sus finanzas de tres mil 400 millones de pesos. Molina Sobrino había huido del país acusado de evasión fiscal, aparentemente ante una venganza personal del expresidente Vicente Fox por las burlas que le hacía el empresario, concesionario de Pepsi Cola, cuando dirigía las plantas de Coca Cola Company.
El propietario de Caze le había endosado el mote de Tribilín. Para hacer mayor el drama, Estados Unidos le abrió el año pasado un proceso a nuestro país por supuestas amenazas de daño a sus productores locales de azúcar, bajo el supuesto de que las exportaciones provenientes de México llegan con apoyo de subsidios.
La acusación planteada por la American Sugar Alliance, apuntaba directamente a los ingenios del Grupo Azucarero Escorpión, cuyos administradores le habrían inyectado recursos, para abaratar la producción.
El asunto se resolvió con un acuerdo con el gobierno mexicano que le obligaba a restringir las exportaciones del dulce vía "cupos", lo que resultó altamente lesivo para la industria. El país tenía opción de colocar en el mercado estadounidense 2.3 millones de toneladas al año.
En resistencia a la posibilidad de venta de sus activos, los expropietarios de Caze habían planteado una solicitud de amparo el año pasado que se declaró infundada. Colocado en la mesa un recurso de revisión éste lo resolvió el pleno del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien declaró improcedente la petición, por más que uno de los magistrados externó una serie de dudas.
Catorce años después está por cerrarse un expediente de errores, omisiones, corruptelas: expropiación al estilo foxista.
BALANCE GENERAL
Ante el temor de quedar en ridículo frente a la anunciada catarata de postores, por más que a la ventanilla llegarán 46, de los cuales 21 fueron palomeados, la Secretaría de Hacienda decidió abrir más las posibilidades de ganancias de las empresas que llegó a la competencia con Petróleos Mexicanos.
De entrada, se le está ampliando la cantidad de petróleo que pueden comercializar por su cuenta, lo que implicó la modificación del contrato inicial.
Bajo las nuevas condiciones, si la utilidad operativa de un bloque petrolero supera 20 por ciento al estimado, la empresa empezará a recibir menos crudo del planteado.
La reducción avanzaría hasta que la utilidad llegue al 35 por ciento, en cuyo caso la empresa empezará a recibir más crudo del acordado.
En las cláusulas originales sólo si la utilidad operativa era mayor a 30 por ciento, la empresa podría quedarse con el 20 por ciento de la producción.
Prevista para el tercer trimestre del año la adjudicación de los contratos en la llamada Ronda Uno, se va hasta el cuarto.
La esperanza, naturalmente, apunta a que para entonces se haya equilibrado el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo.
VIENTO NEGRO EN CMIC
Colocado en punta desde el inicio del proceso de sucesión, Gustavo Arballo fue elegido ayer como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en sustitución de Luis Zárate del Grupo ICA.
El problema es que el empresario tapatío, cuyos méritos son indiscutibles, llega en medio de nubes negras que contaminaron el procedimiento en un escenario en que el organismo realizaba su primera elección directa en 63 años.
Hete aquí que el presidente saliente le pidió en dos ocasiones al otro candidato en la pelea, Tuffy Gaber, el renunciar a su posibilidad a favor de que Arballo se erigiera como candidato de unidad. Ante la negativa del constructor de Yucatán, se le negó la posibilidad de una carta de solvencia moral, lo que lo invalidó como candidato. Se diría, pues, que la CMIC no estaba preparada aún para la democracia.
A lo mejor le faltaban otros 63 años.
TAMBIÉN CANACINTRA
Alguna vez, al fragor de las patadas bajo la mesa y golpes bajos de una contienda por la presidencia de la Concanaco, el fallecido José Luis Ordóñez, entonces presidente de la Canaco de la Ciudad de México, había dicho que los puestos de los organismos se peleaban más que una gubernatura.
Lo cierto es que hoy son plataformas para diputaciones… como arranque de una carrera política.
En el escenario, hete aquí que en afán de pelear la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Víctor Hugo Pérez Perafán exhibió un contrato de colaboración honorífica que le ligaba a la empresa Ananta.
El caso es que el artículo 110 de los estatutos del organismo exige que los aspirantes sean accionistas o tomen parte directa en la administración de una industria afiliada, en los últimos cinco años.
El registro fue rechazado.
La paradoja del caso es que el aspirante había alcanzado diversos cargos en el organismo, incluso una vicepresidencia, con la representación de una empresa del sector metalmecánico que ya no es socia.
La grilla empresarial.
albertobarrancochavarria0@gmail.com