La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desempeñado un papel trascendental en el equilibrio de poderes en México (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a partir de la reforma constitucional de diciembre de 1994 y, la correspondiente nueva integración del Pleno, a partir de enero de 1995; como sucede con los tribunales constitucionales sus fallos son muy controvertidos, pero son fundamentales para evitar los abusos de las autoridades, resolver controversias entre poderes e instancias de poder y, en muchos casos, iniciar la discusión informada de temas tabú.
La actuación de la Corte se volvió especialmente relevante a partir de septiembre del año 2000, cuando obligó al Ejecutivo (concretamente a la Secretaría de Hacienda) a entregar la información sobre el Fobaproa a la Cámara de Diputados. A partir de ese momento las resoluciones del Pleno de la Corte y, en algunas ocasiones, las Salas de dicho Tribunal cobraron especial relevancia y han sido determinantes en la vida nacional.
Entre las más memorables y controvertidas se pueden identificar la derogación de los puntos determinantes de la llamada "Ley Televisa", en materia de radio y televisión; la liberación de Florence Cassez, por violaciones al debido proceso; la legislación sobre el aborto en el Distrito Federal y las opuestas en algunas entidades federativas; los matrimonios del mismo sexo y su posibilidad de adoptar menores; y, desde luego, el amparo a 4 personas para sembrar y consumir mariguana, hace apenas unos días. Pero, desde luego, a lo largo de estos 20 años son tantas las resoluciones trascendentes que el espacio del artículo no es suficiente para enumerarlas.
Precisamente por el papel trascendental que desempeña dicho tribunal en la construcción de la democracia mexicana es fundamental que se mantenga un adecuado equilibrio entre sus miembros, lo cual está en riesgo en estos momentos. Particularmente por el peso que tendrán en el Pleno los Ministros cuya principal actividad profesional ha sido como funcionarios públicos en los Ejecutivos.
Actualmente hay 5 Ministros cuyo origen es una larga carrera en el Poder Judicial (el actual presidente Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán y Juan Silva Meza); 3 que provienen tras estar en el Ejecutivo Federal (Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Eduardo Medina Mora y Fernando Franco); 1 de la academia (José Ramón Cossío); y 2 del ejercicio del derecho ya sea como litigantes (Arturo Zaldívar Lelo de Larrea) o como notaria pública (Olga Sánchez Cordero).
De acuerdo a las ternas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, los Ministros que provienen del Ejecutivo, ganarán un nuevo integrante, en demérito de los que provienen del ejercicio libre del derecho, lo cual no deja de ser preocupante, especialmente porque los 4 con esas características serán muy afines al PRI y, particularmente, al mismo presidente.
Otro equilibrio que se modifica, aunque ese era imposible de impedir es el del presidente que los propuso: salen los 2 últimos propuestos por Ernesto Zedillo, para dar paso a dos propuestas más de Peña Nieto. De esta manera quedarán 3 propuestos por Vicente Fox; 5, por Felipe Calderón; y 3, por Enrique Peña Nieto, aunque es evidente que uno de los de Calderón, ya contó con la anuencia de Peña Nieto, con lo cual en los hechos quedan 3, 4 y 4.
De las características que destacan en las ternas propuestas es que están muy bien definidas: una de mujeres y una de hombres; la femenina conformada con origen en el Poder Judicial, 3 Magistradas; mientras en la otra, los 3 provienen del Ejecutivo; en ambas hay repetidores, es decir, ya habían sido propuestas en anteriores ocasiones: en el caso de las Magistradas, Norma Lucía Piña, ya había sido incluida por Calderón en el 2012, y en el de los ejecutivos, Javier Laynez Potisek, ya había sido propuesto por el mismo Peña a principios de este año.
Otro elemento que destaca es que en las dos hay personajes controvertidos: en el caso de la Magistrada Verónica Judith Sánchez, la PGR solicitó una orden de aprehensión en su contra en el 2011 por haber ordenado la liberación de un presunto responsable de lavar dinero que era solicitado en extradición por Estados Unidos, apenas unas horas después de haber sido detenido, además de esto, de acuerdo en una información de La Jornada, publicada en la edición del 22 de junio del 2011, en el 2009 la entonces juez décima penal se mostró contraria a la transparencia judicial.
En la otra terna, está el caso de Álvaro Castro Estrada, actualmente Magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien en 2010 fue removido como subsecretario del Trabajo, a solicitud del Senado de la República, por haberle reclamado "al senador panista Ricardo García Cervantes el hecho de que hubiera exigido justicia para los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos, desde la tribuna de la entonces sede de Xicoténcatl", según señala también el diario La Jornada, en su edición del 24 de junio de 2012.
Los otros 2 integrantes de esta misma terna son muy allegados a Peña Nieto, particularmente Alejandro Jaime Gómez, quien actualmente es Procurador de Justicia del Estado de México, pero fue subprocurador cuando Peña Nieto fue gobernador y, posteriormente, estuvo como consejero jurídico adjunto en el gobierno federal y en la oficina de la Presidencia con el actual presidente.
Si el Senado designa Ministros de estas ternas, particularmente la de hombres, prácticamente le asegura a Peña Nieto una clara influencia en 4 de los 11 Ministros, lo cual pone en riesgo la independencia de la Corte.
