Los problemas económicos de México pueden agravarse por el desplome de los ingresos petroleros y la depreciación reciente del peso. No obstante, nuestras autoridades actúan como si ambos eventos fueran "temporales".
El Gobierno insiste que no existen motivos para realizar recortes al gasto este año porque la cobertura de los ingresos petroleros y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (Fondo) garantizan los ingresos del presupuesto para 2015. Esta postura supone que pronto se recuperará el precio del crudo y que el precio del dólar regresará por debajo de los 14 pesos.
Este año se librará presupuestalmente por la cobertura y el dinero del Fondo, pero el 2016 será otra cosa. Si los precios del crudo regresan a los 80 ó 100 dólares por barril (dpb), la postura gubernamental pasiva tendría sentido. Lamentablemente, todo indica que seríamos afortunados se llega a los 60 dpb.
En esas circunstancias la inacción gubernamental este año complicaría, innecesariamente, las perspectivas para nuestro país. Los menores precios del crudo se pueden conjugar con un alza de la tasa de interés en Estados Unidos y con un menor entusiasmo por invertir en energía en nuestro país, con los consecuentes efectos negativos sobre el balance fiscal y las variables financieras internas, en particular el precio del dólar.
La situación se complicaría más por los requerimientos financieros del sector público, que este año ascienden al 4 por ciento del PIB. En años recientes el Gobierno pudo financiar su déficit creciente con la entrada de capital externo, que este año no estará dispuesto a financiarlo a tasas de interés bajas como las recientes, y menos aún en el 2016, cuando se conjuguen los menores ingresos petroleros con un alza de los gastos financieros del gobierno, creando un boquete todavía mayor en las finanzas públicas.
Eso dejaría tres opciones para el Gobierno mexicano. Aumentar la deuda pública, aumentar los impuestos, o reducir el gasto público. Ninguna de esas opciones tiene atractivo político, pero la más sana para la economía sería un recorte del gasto gubernamental.
Esta última parece que sería la estrategia oficial, según declaró el jueves 7 de enero Luis Videgaray, secretario de Hacienda, al señalar que "cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público". Me parece, sin embargo, que ya va tarde en hacer los recortes, que afectarán además las finanzas de los estados.
Es obvio que no se podrá financiar el déficit público de 2015 y 2016 con la facilidad de años recientes, donde la política monetaria laxa de la Reserva Federal (Fed) propició un flujo considerable de capitales externos, que además se vieron atraídos por las reformas estructurales en México, en particular la del sector energético.
Nuestras autoridades necesitan entender el propósito de Arabia Saudita, que busca ubicar el precio del petróleo en un nivel que desaliente la entrada de productores independientes, en especial los dedicados a la fracturación hidráulica, pero también a la apertura de otros campos como los que se desean explotar con la reforma energética en México.
Entre más se dilate el gobierno en tomar medidas de política pública para enfrentar este cambio en el entorno externo, mayores serán los problemas futuros de nuestra economía. La inflación es alta, el déficit externo va a crecer este y el próximo año, los ingresos petroleros van a caer, más en 2016, y el precio del dólar permanecerá por encima de los 14 pesos.
En ese contexto las finanzas públicas no pueden seguir por el mismo camino. Los requerimientos financieros del Gobierno pueden alcanzar hasta el 5 o más por ciento del PIB el año próximo, si el Gobierno se enterca en seguir con el nivel de gasto público que financió desde 2009 con el uso indiscriminado de los ingresos extraordinarios del petróleo y con un mayor endeudamiento público, que se facilitó por la política monetaria laxa del Fed.
En el futuro próximo esas dos fuentes de financiamiento serán menores. No podemos confiar en que eso se compensará por una entrada masiva de inversión directa en energía, puesto que la mayoría de los grandes consorcios petroleros han disminuido sus programas de inversión y no parece que los reactivarán antes de que se despeje el panorama mediato del mercado petrolero.
Urge, por tanto, que se adopten medidas que nos preparen para lo peor aun cuando esperemos todavía lo mejor. Esto significa una reducción inmediata del gasto público, que no podrá sostenerse en 25 o más por ciento del PIB en dicho entorno, a menos que se opte por aumentar impuestos y deuda. Ese camino, sin embargo, pudiera llevarnos en poco tiempo a otra crisis económica interna.
