Es el tema de todas las primeras páginas, la marihuana para cuatro mexicanos que antier obtuvieron el amparo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia para sembrar, cosechar para efectos exclusivamente de autoconsumo de los implicados, ha causado revuelo a lo largo y ancho del país.
Es un tema hasta ahora de observación meramente jurídica, ya que los cuatro amparados para el caso se declaran incluso no consumidores de la marihuana, pero quisieron poner a prueba el sistema jurídico mexicano y el asunto ha llegado a su término con la consecución del dichoso amparo.
Muchísimas voces se han pronunciado al respecto. La primera de ellas y por supuesto en orden de importancia, es la del presidente de México que se apresuró a puntualizar que ciertamente la decisión de la Corte protegía a los cuatro quejosos en cuestión para su posible consumo del enervante, pero que de ninguna manera esta acción constituía ya una legalización para el uso y comercialización generalizada de la hierba, mas aprovechó para reiterar que él mismo había llamado a un gran debate del tema y celebraba la ocasión para volver a insistir en ello.
Peña Nieto luego de su declaración al pie del avión presidencial, ordenó a su consejero jurídico Humberto Castillejos, ofrecer una conferencia de prensa para enfatizar al máximo posible los alcances del amparo recién otorgado, y más que ello, para reiterar la posición política del gobierno acerca del tema. La estrategia de comunicación continuó por la mañana de ayer, poniendo en pantalla y en la radio a Mercedes Juan, titular de la Secretaría de Salud, dependencia que tendrá ahora que otorgar los permisos a los amparados para que puedan procesar su droga tal y como lo establece la orden del máximo tribunal del país.
La posición de comunicación del gobierno federal es absolutamente fincada en conveniencia política, como es costumbre en el partido gobernante: rechazan débilmente -no tiene interés alguno por defender algo más que no sea la utilidad particular de seguir detentando el poder- la posibilidad de que se legalizase generalizadamente el consumo de marihuana, pero invitan a un debate del tema. Es decir, no quieren parecer como un grupo que apoya la liberación jurídica del consumo del cannabis para no afectar su imagen con una gran porción de la población que mira con preocupación que una eventual liberación del mercado de la marihuana propicie un incremento en el porcentaje de consumidores, particularmente en los adolescentes y jóvenes, pero a la vez convoca a un debate etéreo (¿cómo sería ese debate?, ¿quiénes deberían participar?, ¿las conclusiones de las mismas repercutirían en el marco jurídico mexicano?) para no dar la sensación de cerrarse ante estas nuevas tendencias.
El debate real pues pareciera que está zanjado. Detrás de este primer amparo vendrán otros tantos, lo que a la postre podría convertirse en jurisprudencia, abriendo con ello la legalización generalizada. Por supuesto que hay riesgos cuando termine aunque sea parcialmente la prohibición, es posible que la marihuana que es una droga tal como lo es el alcohol, sea más asequible a los jóvenes y se incremente el consumo de la misma con las consecuencias consabidas que esto acarrea, pero también se debe celebrar la decisión de la Corte de respetar el derecho individual de cada quien para consumir para sí, lo que le venga en gana sin afectar a terceros. No es válida la hipótesis ni es materia sustancial del amparo otorgando aquello que legalizando la mota, las bandas de narcotraficantes verán minado su poder ya que al levantarse la prohibición el precio de la hierba caerá y con ello los propios ingresos de los delincuentes. Simplemente un estado democrático no tiene derecho a entrometerse en los asuntos personalísimos de los ciudadanos si éstos no afectan a otros.
Vale la pena en todo este asunto la declaración que ayer hizo el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, afirmando que la inminente legalización en nada ayuda al clima de seguridad que se ha venido recuperando en Torreón, agregando que el que se haya impedido la operación de los casinos en la ciudad que gobierna, sí ha sido un factor para disminuir los índices de criminalidad, puesto que las casas de apuestas eran -según sus dichos- fuentes de financiamiento para la delincuencia organizada.
Es posible que tenga razón Riquelme parcialmente en señalar que si se legaliza la marihuana o si se reabren los casinos, existirían factores que complicarían la seguridad pública, pero vale la pena recordarle al alcalde que es la corrupción el principal elemento que propicia los índices de criminalidad que hemos vivido. La tentación de prohibirle a los ciudadanos apostar o en su caso consumir hierba son asomos de represor, y ese camino debe ya desecharse, aunque se tenga que correr los riesgos. Sin embargo, hay que reconocerle al alcalde, que tuvo arrestos para pronunciarse en una postura, no como lo pusilánime que está presentando el gobierno federal.
