En la cabecera de la página de Internet de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se despliega un recuadro con la figura de "La Patria" de Jorge González Camarena, la obra pictórica que de 1962 a 1972 ilustró las portadas de los libros de texto gratuito. A su lado se encuentra uno de los lemas que dan sustento a la lucha ideológica de la sección: "¡Por la defensa de la educación pública!" Sorprende, por lo tanto, que la sección 22 sea la beneficiaria de una de las privatizaciones más escandalosas de la historia: la del sistema de educación pública de Oaxaca.
La privatización de la educación pública en el estado se fue gestando de manera gradual a lo largo de varias décadas y en un ambiente de complicidad entre autoridades federales y estatales con líderes de la sección 22. Quizá el punto culminante fue el acuerdo de 1992 entre el gobernador priista Heladio Ramírez y Erangelio Mendoza González, entonces secretario general de la sección. El documento, que fue impulsado desde Los Pinos por Carlos Salinas de Gortari para obtener la aprobación de su programa de modernización educativa, le entregó oficialmente al grupo sindical el control sobre las plazas magisteriales, sobre los cargos de supervisión y sobre muchas posiciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
El secretario Emilio Chuayffet se lamentaba esta semana de la situación educativa en Oaxaca y le echaba la culpa de su incapacidad para aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente a ese convenio: "Yo no tengo supervisores" que reporten las faltas de los maestros. "¿Qué debemos hacer? Cambiar el acuerdo de 1992."
Los supervisores en Oaxaca son, efectivamente, miembros de la sección 22, como lo señalado el propio director del IEEPO Moisés Robles Cruz. Deben esa posición de privilegio no a un concurso de oposición, a su capacidad u honestidad, sino a haber participado en movilizaciones de la sección 22 y a haber mostrado lealtad a los principios del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca en su lucha contra "la contrarreforma neoliberal educativa".
El acuerdo de 1992 le dio formalmente a la sección 22 el control de las plazas magisteriales, las subdirecciones y las direcciones de las escuelas, los puestos de supervisión y muchas de las posiciones burocráticas y ejecutivas del IEEPO. El director y su gente deben pedir permiso a los líderes para sentarse en sus oficinas y se dedican a cobrar sus quincenas hasta entregar el cargo a una nueva generación de funcionarios sin funciones.
El secretario Chuayffet dice que no se puede hacer nada. Si nadie le dice qué maestros faltaron la última quincena, ¿cómo puede ordenar descuentos a la nómina o la destitución de los faltistas? Pero esta es una posición muy cómoda para un funcionario que juró obedecer y hacer respetar las leyes del país.
Ante una situación en la que virtualmente todos los maestros de la sección 22 faltaron durante una quincena a sus puestos, lo cual ha sido ampliamente difundido en medios y reconocido por los propios líderes del movimiento, los funcionarios que se nieguen a cumplir con sus responsabilidades y notificar de las faltas pueden y deben ser destituidos de inmediato. Si el secretario de educación y el gobierno de Oaxaca no lo hacen, entonces ellos están cometiendo una falta grave y deben ser sometidos a juicio político y destituidos.
Es inaceptable que el gobierno de Oaxaca y el de la federación sigan aceptando la aplicación de un acuerdo, el de 1992, que privatizó lo que no se puede privatizar, la educación pública. Ésta no se puede entregar a ningún dueño individual. aunque el beneficiario afirme que busca defender la educación pública.
SIN PRUEBAS
Dice Carlos Navarrete del PRD que la campaña del PRI en Guerrero fue financiada por la delincuencia organizada. Menuda acusación para presentar sin pruebas, sobre todo por el partido que postuló a José Luis Abarca en Iguala hace apenas tres años.
Twitter: @SergioSarmiento
