Necesidad. Las autoridades deben tener un diálogo abierto con las organizaciones de la sociedad civil.
En la región de América Latina, los planes de acción gubernamental en materia de transparencia y rendición de cuentas incluyen aspectos de participación ciudadana, pero dejan fuera un aspecto vital: el diálogo.
Así lo externó en entrevista Suneeta Kaimal, presidenta de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), ante lo que percibe como una tendencia mundial de obstruir el ejercicio de las libertades de la sociedad civil.
"No entiendo cómo puedes tener un compromiso de participación si no tienes al diálogo como una parte crítica de eso", comentó Kaimal, directora del Natural Resource Governance Institute, con sede en Nueva York.
La ciudadanía, reconoció, reclama acceso a la justicia y combate a la corrupción, por lo que los gobiernos tienen una oportunidad para retomar esas voces, escucharlas y responderles, crear un espacio de diálogo, aunque pueda parecer aterrador, pues no son conversaciones amables.
"No es sólo un problema de América Latina, a ningún gobierno le gusta ser criticado. Muchos países no se dan cuenta que el gobierno abierto es una proposición de largo plazo, que en el corto plazo habrá críticas de la gente que le gusta golpear sobre la mesa, pero se cambia la dinámica pues pasa a un compromiso constructivo", dijo.
En el marco de la cumbre global de la AGA, Kaimal advirtió que el cierre de espacios a la sociedad civil por parte de los países pone en riesgo la credibilidad del organismo.
Limitar la participación ciudadana a través de acciones y leyes que reducen el financiamiento público de las organizaciones civiles, complicar el registro de las mismas e incluso exigir a estas organizaciones pedir permisos para realizar sus tareas, ponen en duda la independencia de las OSC.
"Creo que esta persistente desconexión entre la retórica de la participación ciudadana por un lado y simultáneamente que no haya en las estructuras institucionales que permitan una participación significativa en el largo plazo es una receta para el fracaso de la AGA", consideró.
De lo que se trata, afirmó, es de crear una voluntad política colectiva y una presión positiva entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para asegurar gobiernos que rindan cuentas.
