Una investigación federal sobre la muerte a manos de la policía de un joven de 18 años desarmado en Ferguson, Missouri, dejó al descubierto lo que las autoridades federales describieron como prácticas policiales racistas y centradas en los beneficios económicos en el pequeño suburbio de Saint Louis.
Aunque el Departamento de Justicia absolvió al agente Darren Wilson de cargos federales sobre derechos civiles por la muerte en agosto de Michael Brown, pidió profundos cambios en una ciudad donde los agentes se envían correos electrónicos racistas, multan sobre todo a conductores negros que generan millones de dólares en negros, y emplean de forma rutinaria lo que los investigadores consideraron fuerza excesiva sobre las personas detenidas por delitos menores o inexistentes.
El fiscal general del Estado, Eric Holder, dijo el miércoles que el departamento "encontró una comunidad que estaba profundamente polarizada, una comunidad donde la profunda desconfianza y hostilidad a menudo caracterizaba las interacciones entre la policía y los vecinos de la zona".
El alcalde de Ferguson, James Knowles III, dijo que ya se habían tomado medidas para corregir problemas.
"Debemos hacerlo mejor no sólo como ciudad, sino como estado y como país", dijo el alcalde.
La muerte de Brown desató protestas y un diálogo nacional sobre la raza y las labores policiales. Poco después del tiroteo se abrieron dos investigaciones federales separadas, sobre el incidente concreto y sobre el departamento de policía en general.
Al presentar a la vez los resultados de ambas pesquisas, el gobierno de Obama esperaba compensar la decepción de la comunidad por la conclusión de que el tiroteo tuvo justificación legal con un mensaje de esperanza para los ciudadanos de Ferguson, de mayoría negra.
