El caso del alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, evidencia que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila tiene boquetes, ya que violó el artículo 9 que prohíbe la difusión de su imagen con recursos públicos, pero no fue castigado porque en la norma no se especifican las sanciones. (Archivo)
Aunque la ley lo prohíbe, un funcionario estatal o municipal de Coahuila puede difundir su imagen con recursos públicos sin ser castigado, debido a que la normatividad no contempla sanciones.
El caso del alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, evidencia que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila tiene boquetes, ya que violó el artículo 9 que prohíbe la difusión de su imagen con recursos públicos, pero no fue castigado porque en la norma no se especifican las sanciones.
"Tenemos que ver la forma que nos den más 'dientes' para poder aplicar sanciones y no sólo hacer las recomendaciones", reconoció el consejero presidente del ICAI, Jesús Flores.
Fue durante la sesión de Consejo del ICAI que se informó que la recomendación no fue aceptada.
"Ellos desde un principio se negaron a aceptar la recomendación. Sería bueno valorar y adecuar la ley", reiteró el consejero presidente.
Fue el pasado lunes 12 de abril que el ICAI emitió una recomendación a López Villarreal por difundir su imagen con recursos públicos.
El ICAI pidió al alcalde no volver a difundir su imagen con recursos del municipio y sancionar a quien aprobó su campaña de difusión.
Al difundir su imagen en 42 puntos de Saltillo para destacar los logros generados durante su primer año de trabajo, el alcalde incumplió con el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información que establece la prohibición para "publicar desplegados o mensajes a título personal del titular de los sujetos obligados, cuando se paguen con recursos públicos, tales como obituarios, esquelas, felicitaciones y cualquiera que se asimile".
Sin embargo, esta ley sólo establece la prohibición, pero no la sanción.
TURNAN INVESTIGACIÓN A ASE Y PGJEC
Jesús Flores indicó que la investigación realizada por la dependencia también fue turnada a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC).
"Ellos deberán de determinar si hubo otras irregularidades", expresó.
