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Exigen investigar funcionarios

Soborno. Apolinar Mena Vargas, funcionario en Edomex, se defendió de acusaciones.

Soborno. Apolinar Mena Vargas, funcionario en Edomex, se defendió de acusaciones.

AGENCIAS

Senadores del PAN y PRD exigieron ayer jueves que se inicie una investigación contra los funcionarios del Gobierno del Estado de México involucrados en las presuntas irregularidades cometidas por la empresa OHL.

Sepublicó que conversaciones difundidas en YouTube exhiben que Juan Osuna, vicepresidente del Consejo de Administración de OHL México, presionó al Edomex para aumentar el peaje del Viaducto Bicentenario, pues necesitaban recuperar lo invertido para la construcción de la fase 2.

Sin embargo, dicha fase, que consiste en erigir un segundo cuerpo elevado de dos carriles y 22 kilómetros de Tepalcapa a Cuatro Caminos, iniciaría hasta 2023.

Laura Rojas consideró urgente la intervención de la Contraloría local para esclarecer el grado de participación de los servidores públicos relacionados con la construcción de obras en las que participó OHL.

"Amerita una investigación de la Contraloría del Estado de México contra los funcionarios que participaron en estas acciones en las que se presume el cobro de sobrecostos en la construcción del segundo piso", dijo.

El senador del grupo parlamentario del PRD Alejandro Encinas incluso pidió la intervención de la Secretaría de la Función Pública.

Sostuvo que parte de las participaciones federales entregadas al Estado de México pueden estar involucradas en este presunto fraude.

"Existe un grave desfalco de recursos públicos que debe sancionarse. Estamos hablando de la empresa privilegiada por Enrique Peña Nieto en el Estado de México", señaló Encinas.

"Aunque se trata de un asunto local están involucradas participaciones federales y cuando se trata de un proyecto con Asociación Público-Privada no hay impedimento para que la autoridad federal intervenga".

Los legisladores coincidieron en la necesidad de que se apruebe la legislación secundaria en materia de cohecho para que los particulares, y no sólo las autoridades, puedan ser sancionados por casos de corrupción.

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