Cita. Los padres y familiares de los normalistas exigen reunirse con el presidente tras darse a conocer el peritaje del GIEI.
Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigieron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto antes del diez de septiembre para que se comprometa a cumplir el informe que ayer presentó el grupo de expertos respecto del caso Iguala.
También demandaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permanezca de manera indefinida en nuestro país hasta que aparezcan los estudiantes.
En rueda de prensa en el Centro Pro, demandaron castigar a Jesús Murillo Karam, quien como procurador informó que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que ahora es refutado por el grupo de expertos.
También, exigieron las renuncias e investigación de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y de Enrique Galindo Ceballos, titular de la Policía Federal, en quienes ven responsabilidad por el cauce que llevó la investigación por la desaparición de los jóvenes.
Otra de las demandas de los tutores es que se reabran las investigaciones para que se incluya al Ejército, la Policía Federal y elementos de seguridad estatal.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, anunció que el próximo 23 de septiembre los familiares iniciarán un ayuno y el 26 harán una marcha en la Ciudad de México.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, afirmó que con el informe del GIEI queda confirmada la participación del Ejército y diferentes corporaciones federales y estatales en los hechos violentos.
El defensor afirmó que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) es insuficiente y carecen de pruebas científicas.
De igual forma, reprochó que el informe de los expertos no forme parte de la averiguación previa, pese a que la Procuraduría aseguró tomarían en cuenta el reporte.
En la sesión de preguntas y respuestas, Rosales llamó a que se investigue además a quienes estorbaron o desviaron la investigación de las autoridades en el caso y los llevaron a concluir que los normalistas fueron incinerados, considerando que no existían pruebas fehacientes para tales fines.
