Para que las compañías petroleras participen en las licitaciones de la Ronda Uno, el gobierno debe pedir como requisito un informe detallado sobre los episodios de corrupción y violación a derechos humanos de las empresas.
Esto lo propuso ayer la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), al presentar un análisis detallado de cinco empresas que integran el "Reporte de observación sobre las empresas que participan en Ronda Uno (segunda licitación)".
Las firmas que analizó Poder son las multinacionales Shell, BP y Chevron, así como las mexicanas Grupo Carso y Grupo Bal. "Todas se encuentran dentro del ranking de las 2,000 más grandes del mundo", dijo el investigador Omar Escamilla, de Poder, durante conferencia de prensa.
Los que realizaron la investigación evidenciaron que las empresas están vinculadas a casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y daños ambientales.
Escamilla dijo que las empresas tienen que entregar un informe pormenorizado de los conflictos sociales, ambientales, casos de corrupción, elementos que las vinculan con el crimen organizado y todas las presunciones que existan.
"La transparencia no significa rendición de cuentas, no porque la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) televise a las empresas entregando un sobre, lo abran, lo lean y lo pongan en una tómbola significa que son responsables y rindan cuentas", dijo Escamilla.