El Juez Octavo de Distrito desestimó los cargos por delincuencia organizada que la Fiscalía de Jalisco intentó imputar a seis personas que supuestamente estarían involucradas en el asesinato del delegado del ISSSTE en la entidad, Javier Galván Guerrero, mientras que un mando policiaco de Guadalajara, también implicado en el caso, no se ha presentado a laborar desde el pasado 26 de junio.
La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que de las seis personas presentadas por la Fiscalía de Jalisco como supuestos autores materiales del homicidio del funcionario federal, dos lograron alcanzar su libertad bajo fianza y a los otros cuatro se les sigue un proceso por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En tanto, personal de la policía tapatía explicó que desde el pasado 26 de junio el supervisor Roberto Alejandro "N" no se ha presentado a laborar, por lo que ya se le sigue un proceso administrativo; este policía fue detenido el 24 de junio por elementos de la Fuerza Única Metropolitana y se le acusó de estar vinculado al homicidio de Galván Guerrero, sin embargo, al no tener elementos para acreditarlo el agente del Ministerio Público federal lo dejó en libertad y desde entonces no regresó a su trabajo.
El mismo viernes 26 de junio los familiares de las seis personas que quedaron detenidas por el homicidio del funcionario, denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) que sus parientes fueron torturados por los agentes de la Fiscalía para arrancarles declaraciones inculpatorias.
Incluso, se dijo que uno de ellos -José Domingo "N", elemento de la Policía de Guadalajara inactivo por causas de salud- fue obligado a declarar que él fue quien disparó contra Galván Guerrero.
Ante estas acusaciones y el inicio de una investigación por parte de la CEDHJ, el fiscal general, Luis Carlos Nájera, negó que en este caso se obtuvieran confesiones bajo tortura y aseguró que la dependencia a su cargo presentó los partes médicos para demostrarlo.
"Es un modo de operar de muchos de los detenidos (denunciar tortura) porque saben que hay jueces garantistas que al escuchar esta palabra, aunque no haya evidencias, pueden liberarlos", afirmó el fiscal.