La intimidación que ejercen funcionarios del Gobierno de Coahuila, en contra de empresarios de la construcción que son acreedores de adeudos derivados de obras públicas realizadas en la pasada administración de la era Moreira, es una lisa y llana extorsión, en términos de lo dispuesto por los artículos 439 y 440 del Código Penal del Estado.
De acuerdo a información difundida por voceros de la Cámara de la Industria de la Construcción, funcionarios de la Secretaria de Finanzas de Coahuila han condicionado a los constructores el pago de cuentas deudoras por concepto de obras públicas realizadas hace cuatro años y más, a que los acreedores acepten una quita del veinte por ciento del capital, bajo la advertencia de que si no lo aceptan, el adeudo permanecerá sin ser pagado por tiempo indefinido.
Como es del conocimiento del público, en octubre pasado el gobierno de Rubén Moreira inició un trámite mediante el cual solicitó al Congreso del Estado, autorización para obtener un crédito bancario que en aquel entonces se dijo que sería por la cantidad de dos mil quinientos millones de pesos, para cubrir pasivos originados por la construcción de obras ejecutadas en la pasada administración.
Desde un principio el trámite ha sido rodeado de misterio, al igual que el resto de la megadeuda de Coahuila generada en tiempos de Humberto Moreira, que su hermano Rubén se ha encargado de encubrir. El Gobierno no dice a qué obras específicas corresponden los adeudos y la cantidad de la que habla es arbitraria, porque tanto la identidad de los acreedores como el desglose de los montos específicos que se adeudan a cada constructor se ignoran, por virtud de las condiciones de opacidad y falta de rendición de cuentas en las que opera el moreirato.
El trámite ante el Congreso para autorizar esta parte de la megadeuda ha estado plagado de violaciones a la Ley de Deuda Pública de Coahuila, que prohíbe al gobierno que pida préstamos para solventar su gasto corriente y exige que el importe de los créditos que llegaran a autorizarse se destine a inversiones productivas.
En días pasados y también en medio de la más completa opacidad, el gobierno anuncia que está en condiciones de pagar las deudas con los constructores, sin que haya previamente informado sobre los términos en que se obtuvo el dinero, y se limita a golpear el rostro de los acreedores con una nueva sorpresa, exigiendo como condición para el pago la quita del veinte por ciento del importe de cada cuenta deudora. A pregunta expresa de la prensa, el propio Rubén Moreira se reconoce sabedor del atropello y avienta la pelota a su secretario de Fianzas.
El hecho constituye una extorsión, definida por el Código Penal de Coahuila como la intimidación en virtud de la cual, una persona obliga a otra, a realizar un acto para obtener para sí o a favor de un tercero, un provecho indebido. En el caso se trata de una extorsión calificada, porque es cometida por funcionarios públicos, lo que implica una pena de diez a veinticuatro años de prisión.
En la especie la intimidación consiste en la amenaza de no pago del adeudo, hecha por un funcionario público a un acreedor del gobierno, a menos de que el acreedor acepte la quita exigida.
Los culpables pretenden cubrirse de este señalamiento, alegando que a los constructores no se les está exigiendo nada sino que el descuento es voluntario y que en caso de que se nieguen a conceder la quita, el gobierno les pagará el total… algún día.
El argumento de la autoridad es inválido, porque es tanto como admitir que un salteador de caminos alegue en su defensa, que su víctima está en la posibilidad de no doblegarse frente a una amenaza actual y esperar justicia a futuro, como alegato liberatorio de culpa en favor del maleante. No cabe duda de que el cinismo del moreirato no tiene límites y que la capacidad de asombro de los coahuilenses hace tiempo que llegó a su fin.
