La Secretaría de Gobernación reconoció ayer que a menos de un año de que venza el plazo para implementar el nuevo sistema de justicia penal, dos de los principales retos son la construcción de nuevos espacios para su operación y la capacitación de 353 mil policías.
María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema (Setec), anunció que en materia de infraestructura incluso se recurrirá a planes de arrendamiento.
"Tenemos grandes retos, y sabedores de ello, estamos también construyendo alternativas", dijo en conferencia en la Segob.
"En aquellos casos en los que no logremos tener al cien por ciento concluidas las obras de operación del sistema, estaremos teniendo un plan alternativo de arrendamientos y de ubicación de los equipos, para que todos podamos operar adecuadamente", señaló.
Señaló que este tipo de arrendamientos ya se han hecho en algunos estados -los cuales no mencionó- donde no se han entregado las obras en los plazos establecidos.
Puntualizó que el Gobierno federal ha canalizado a las entidades 4 mil millones de pesos para infraestructura y equipamiento de sedes ministeriales y judiciales, y que mil millones de pesos más se distribuirán en los próximos días.
Sobre la capacitación, indicó que si bien no empieza de cero, pues se han dado cursos teóricos a elementos de seguridad pública, falta todavía formar a 353 mil policías municipales y estatales.
A nivel federal, mencionó que el 50 por ciento de los policías federales ya fueron capacitados; mientras que soldados y marinos serán aleccionados por 80 y 93 instructores, respectivamente.
"No partimos de cero, durante todos estos años, prácticamente desde que se inició la reforma constitucional, de 2008 a la fecha, hay constancia de una capacitación, en muchos casos una capacitación que lo que vamos a hacer ahora es talleres prácticos", afirmó.
"Los vamos a poner a practicar exactamente, paso por paso; lo que necesitamos es que ayuden al Ministerio Publico para lograr un éxito en el sistema, entonces no estamos partiendo de cero, hay capacitación".
Adelantó que para junio de 2016 -cuando vence el plazo de implementación- el modelo de juicios orales estará operando adecuadamente en el país.
"Si lo medimos en número de población, estaríamos hablando de 61 por ciento de la población que actualmente tiene el nuevo sistema de justicia", abundó.
"El reto es importante, pero el Gobierno de la República tiene el compromiso total para lograr esto en el plazo establecido y que, además, exige que haya totalmente coordinación entre todos los operadores y cada uno de los gobiernos estatales".
