Después de más de 21 años de su creación (el 19 de julio de 1994), finalmente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ejerce acción penal en contra de presuntos delincuentes electorales por la compra y coacción del voto, lo cual es el resultado de dos felices coincidencias: la reforma legislativa del 2014, que tipificó nuevos delitos electorales; y la designación como titular de la dependencia de una persona con compromiso democrático.
Aunque el hecho que más llama la atención de la opinión pública fue la orden de aprehensión solicitada en contra del ex subsecretario de Gobernación y ex dirigente nacional del PVEM, Arturo Escobar; en la misma fecha, también se consignaron los expedientes y solicitaron órdenes de aprehensión en contra del ex secretario de Desarrollo Social del Estado de Colima, Rigoberto Salazar Velasco, por presionar a sus subalternos para hacer campaña en favor del candidato priista, y en contra del dirigente estatal del PAN en la misma entidad, Jesús Fuentes Martínez, y el abogado Javier Jiménez Corzo, por alterar el listado nominal para presentarlo como prueba en la impugnación de los comicios del pasado 7 de junio para elegir gobernador de dicha entidad.
La Fepade no hizo distinciones, pues solicitó órdenes de aprehensión contra un ex dirigente nacional del verde, un ex funcionario de un gobierno priista y un dirigente estatal panista; en los dos primeros casos por presuntas acciones de compra y coacción del voto y en el tercero, por alterar documentos electorales.
Tradicionalmente la Fepade consignaba normalmente averiguaciones previas relacionadas con el registro federal electoral, ya fuese por falsificar credenciales, presentar documentación falsa para la obtención de la credencial, alta en domicilio distinto al de su residencia habitual, robo del equipo del Registro Federal de Electores y algunos otros similares, muchos de los cuales no tenían la finalidad de violentar la voluntad popular y alterar el resultado electoral, sino la comisión de otro tipo de delitos del fuero común o federal.
Pero gracias a que la última reforma legislativa finalmente estableció nuevos tipos penales, la Fepade tiene un mayor margen para encuadrar las conductas delictivas y lograr ejercer acción penal en contra de los delincuentes electorales. Y, desde luego, también es importante el compromiso democrático de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía, quien ya había dado cuenta de ello en su paso como Magistrado Electoral en una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el caso de la consignación de la averiguación previa de Arturo Escobar, quien hasta el momento en que se solicitó la orden de aprehensión fungía como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, si el juez concede la orden de aprehensión, la posible comisión de un delito electoral se sumaría a todas las violaciones a la legislación electoral que cometió el Partido Verde Ecologista de México, durante el pasado proceso electoral, y que ya han sancionado tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Lo cual obliga a reflexionar nuevamente sobre la solicitud de pérdida de registro de dicho partido, que en su momento hicieron un grupo de ciudadanos y que el Consejo General del INE se apresuró a rechazar; el recurso interpuesto contra dicha resolución está pendiente de resolverse en la Sala Superior del TEPJF, por lo cual el caso no está totalmente cerrado, así que como demandaron inmediatamente dirigentes del PAN, PRD y Morena es tiempo de replantearlo.
Pero aunque la Sala Superior ratificara la resolución del INE, eso no impide que una vez que las sanciones que el INE impuso al PVEM y todavía están sujetas a revisión por el Tribunal y que el juez resuelva la consignación de la Fepade, se inicié una nueva queja en contra del PVEM con los hechos supervenientes, pues ya no sería juzgar por el mismo delito.
Reflexión aparte merece la decisión del presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de incorporar a su equipo de trabajo a un presunto delincuente precisamente en la función de prevenir el delito. Especialmente porque no es el primer incidente en el que se ve envuelto Escobar, que en julio de 2009, en la víspera de las elecciones intermedias de ese año fue detenido en el retén de seguridad del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con una maleta con un millón 100 mil pesos en efectivo; mismo que nunca fue suficientemente aclarado.
El presidente y el PRI requieren el apoyo del PVEM para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y esa debe haber sido la principal razón para incorporarlo al gobierno, pero más allá de las declaraciones de legisladores y dirigentes tricolores, lo menos que puede pensarse es que tras su renuncia dicha alianza está en riesgo, lo cual modificaría totalmente el juego político en lo que resta del sexenio.
Aunque hay que esperar las decisiones de los jueces que recibieron las consignaciones y, desde luego, más allá de las órdenes de aprehensión, la sentencia final para poder evaluar el trabajo de la Fepade, la sola consignación de averiguaciones previas por tipos penales relacionados con la compra y coacción del voto abre la esperanza de que finalmente se frenen esas actividades, que en los últimos procesos electorales se convirtieron en la vía para burlar la voluntad popular.
