Alberto Nisman era, desde el año 2004, el fiscal a cargo de la investigación del atentado sufrido por la mutual judía de Buenos Aires, AMIA, en el año 1994, que se cobró la vida de 85 personas. Días antes de su fallecimiento, el fiscal denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -y a otros funcionarios y dirigentes oficialistas- por "encubrimiento" de pistas, pruebas y tramas subyacentes a aquel fatídico hecho. Nisman muere un día antes de exponer el contenido de su denuncia ante el Congreso de la Nación. Las dudosas circunstancias de su muerte -la que, según las primeras pericias, parecería ocasionada por su propia voluntad- no hacen sino contribuir a la ruptura del verosímil y a alimentar todo tipo de teorías conspirativas que, en el marco de un año en el que el oficialismo disputa su continuidad en el poder en las elecciones de octubre, sólo propenden a generar una atmósfera de confusión generalizada.
Mientras las figuras más rutilantes de la oposición política no logran coordinar una estrategia que permita capitalizar la crisis política que la coyuntura despierta, un grupo de fiscales y jueces federales enfrentados con el gobierno nacional y, más puntualmente, con la jefa de los fiscales, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, convoca a una movilización para el día 18 de febrero con el objeto de reclamar por el esclarecimiento de la muerte de Nisman, a la que asisten los principales candidatos opositores. Por el lado del oficialismo, los movimientos parecen tener por objeto fidelizar adhesiones denunciando a quienes encabezan los reclamos como parte de lo que entiende como maniobras destituyentes, a cuyos actores suma a quien ubica como cabeza de estas maquinaciones y cuyo poder de amplificación no convendría menospreciar: el multimedios Clarín, principal grupo económico golpeado por la Ley de Medios Audiovisuales aprobada en 2009, y a quien el kirchnerismo ha erigido como antagonista predilecto desde entonces.
Diez días después de la marcha, vista por algunos sectores como "la marcha de la corporación judicial", el juez Daniel Rafecas hace pública la desestimación de la denuncia presentada por Nisman, por considerar que "no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado", decisión que encuentra un relativo consenso entre los especialistas. En la hipótesis oficial, dicha denuncia tendría por motivación generar un clima de desestabilización originado por el desplazamiento de la cúpula de los Servicios de Inteligencia en diciembre pasado, y en especial de su agente estrella, Antonio "Jaime" Stiuso, principal informante de Alberto Nisman en la causa AMIA, de aceitados vínculos con los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes (CIA y Mossad).
La Presidenta, en su último discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional como primera mandataria, se explaya sobre los hechos, interpretaciones y matices que rodean la hipótesis oficial, haciendo hincapié en que hay realidades geopolíticas y supranacionales involucradas en la causa AMIA y, por tanto, en la muerte del fiscal Alberto Nisman, a las que hay que atender si se quiere resolver lo que todavía permanece en la oscuridad, no sólo sobre de la muerte del fiscal sino también sobre la propia causa AMIA.
Si en algo coinciden las facciones en pugna es en la búsqueda de un responsable material para la muerte de Nisman. Casi ninguna figura pública se aferra a la hipótesis del suicidio, y si lo hace es afirmando que el mismo habría sido inducido. La instigación al suicidio está penada por la ley argentina, pero su alta dificultad probatoria vuelve farragoso encontrar un eventual culpable, pudiendo así frustrar a gran parte del arco político y la sociedad civil que encontraría en ello, de modo un tanto paradójico, un motivo de alivio y de descompresión ante la incertidumbre. De cualquier manera, la sociedad argentina manifiesta por diferentes vías de expresión su confianza en las instituciones, confianza que se ha ido recuperando esta última década, y desea que la justicia actúe, que se lleve a cabo la investigación consecuente y se esclarezca la muerte del fiscal Nisman porque, en cierto sentido, dicho esclarecimiento puede incluso guiar los pasos hacia los avances necesarios y urgentes en la resolución del atentado a la AMIA y, en consecuencia, de la ratificación y enfatización de la soberanía nacional.
