— Hernando de Soto
Este 19 de diciembre un grupo de comerciantes ocupó nuevamente el Eje 1 Norte de la ciudad de México entre Paseo de la Reforma y Vidal Alcocer. No fue un acto espontáneo de unos comerciantes que por desesperación hubiesen decidido ocupar las aceras y la vía pública. Un grupo de líderes coordinó la invasión de la calle. Los puestos bloquean el carril del Metrobús y obligan a los transeúntes a bajar al arroyo y poner en riesgo su vida. El tiempo de traslado de vehículos por el Eje 1 Norte se ha multiplicado.
La avenida había sido liberada de los "ambulantes" -que en realidad ponen puestos semifijos-apenas en octubre. Pero los dirigentes decidieron retar a la autoridad y ocupar nuevamente la vía pública en esta temporada navideña. Hasta el momento de escribir este artículo no ha habido ningún intento por rescatar la calle. Al parecer hay la decisión política de dejar la invasión hasta después de Navidad.
Uno puede entender a las autoridades. El uso de la fuerza pública puede generar un conflicto importante, quizá de violencia, que los funcionarios no quieren en vísperas de Navidad. El problema es que el comercio informal va creando espacios y adquiriendo derechos que al final resulta muy difícil echar para atrás.
El Inegi dio a conocer hace unos días la medición de la economía informal para 2014. Con una nueva metodología que considera no solamente los micronegocios que no operan con permisos oficiales sino modalidades como el servicio doméstico remunerado y otras formas de trabajo fuera del marco legal, la institución ha determinado que el 57.8 por ciento de la población ocupada en el país trabaja en la informalidad. Estas personas generan el 23.7 por ciento del producto interno bruto. La enorme diferencia entre el personal empleado y la producción es consecuencia de la baja productividad de la economía informal.
Hay muchas manifestaciones de la economía informal. En el comercio en vía pública, la actividad requiere necesariamente la privatización de las vías de comunicación. Cuando una persona coloca un puesto semifijo en una acera o en el arroyo está utilizando para su provecho ese bien público. La afectación es para toda la comunidad. Los ciudadanos enfrentan dificultades para trasladarse por esas vías de comunicación que se convierten en comercios privados. Quienes padecen alguna discapacidad simplemente se ven vedados de las vías públicas.
La idea de que los informales invaden las calles para colocar sus propios puestos comerciales es falsa. Una y otra vez he preguntado a los vendedores en vía pública si ellos son los dueños y la respuesta siempre es la misma: los puestos son de líderes con influencia política y capacidad de movilización que contratan a personas para trabajar sin las prestaciones de ley.
Estos líderes usualmente se presentan como políticos de izquierda. Pero no deja de ser extraño que mientras la izquierda se opone a las privatizaciones, apoya la privatización de las vías públicas. De igual manera, mientras lucha contra la contratación de trabajadores sin las prestaciones de ley o sin el salario mínimo por empresas, acepta estas contrataciones cuando las realizan líderes de ambulantes.
Para la economía nacional la informalidad es un problema porque genera una competencia desleal ante los empresarios formales, los que tienen que pagar servicios, electricidad y prestaciones de ley. La economía informal, por otra parte, es notoriamente menos productiva que la formal, como lo señalan las cifras del Inegi, pero los líderes si se enriquecen al privatizar para su beneficio bienes y servicios que deberían ser públicos.
INEQUITATIVO
Un grupo de senadores del PAN, entre ellos el bajacaliforniano Ernesto Ruffo, están pidiendo a los legisladores panistas que voten en contra de la reforma política del Distrito Federal. Se quejan de que la reforma le deja privilegios al gobierno capitalino, como cobrar el pago de servicios educativos y de salud a los ciudadanos de todo el país.
Twitter: @SergioSarmiento
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