¿Abuso de poder o conflicto de interés?
El pasado 20 de enero, en el Periférico un retén federal de la Policía Estatal secuestró el automóvil de mi propiedad –un Volkswagen modelo 1990– alegando los agentes que podría ser robado, a pesar de que en el Registro Federal de Vehículos emitido por la Secretaría de Gobernación a través de su página de Internet –a la vista de todo el mundo–, el coche citado no aparece como tal, por el contrario en la lista oficial figuran todos los datos que lo acreditan como legal –número de motor, modelo, tarjeta de circulación, número de placas, tenencias al corriente, nombre del propietario (un servidor) y domicilio.
El argumento que les dio pie a los interceptores para actuar arbitrariamente fue que en ese momento no llevaba en mi poder la documentación sobre la propiedad del vehículo, pues la olvidé en casa y así se los expliqué, mostrándoles mi credencial de elector y la licencia de manejo, además de destacar que las placas se hallaban a la vista y en su lugar. De nada valieron mis justificaciones y ordenaron el arrastre inmediato del coche a los corralones propiedad de “Grúas Laguna”, una empresa particular con oficinas en Carretera Ejido La Unión K 1 de Torreón que por lo visto secunda este tipo de abusos, seguramente por las ganancias que le genera el manejo exclusivo de las grúas de arrastre y los corralones donde se materializan las retenciones totalmente ilegales, amparada, presumiblemente, por las autoridades que intervienen en los decomisos.
Desde entonces lo mantienen retenido a un costo de 70 pesos diarios, una tarifa arbitraria a la que habrá de sumarse el pago del traslado en grúa.
Ante la licenciada Sandra Villanueva, agente del Ministerio Público encargada de la mesa 4 fueron mostrados los documentos del registro vehicular –tarjeta de circulación, pago del impuesto de tenencia y una certificación notariada acreditando la propiedad legal del “vocho” (la factura original se perdió hace más de 20 años), además de la licencia actualizada de automovilista, comprobante de domicilio y placas nacionales vigentes– pero la funcionaria, supuestamente procuradora de justicia, argumentó que la devolución –previo un engorroso papeleo– tendrán que investigarla y resolverla en Saltillo y que ese proceso es tardado, con la clara intención de alargar los tiempos y propiciar oficiosamente un aumento de los costos de retención por la renta forzada –no solicitada y menos contratada de mi parte– del depósito que guarda los coches incautados injustamente.
El "vocho" me sirve como herramienta de trabajo tanto en las tres ciudades como fuera de la Comarca Lagunera, por lo que ahora ando a pie por culpa de funcionarios del gobierno que se extralimitan en sus funciones en perjuicio de los ciudadanos que cumplen con la ley.
Cierto, hubo omisión, olvido o descuido en la portación de los documentos de acreditación en el automóvil, pero esta falta no justifica de ninguna manera el trato delincuencial que me dieron los policías estatales y la agencia del Ministerio Público a la que consignaron el coche.
Estoy remitiendo una copia de esta carta al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, por si acaso hay vínculos turbios entre la empresa propietaria de las grúas de arrastre y del corralón y las autoridades inmiscuidas, o bien, existen mandamientos legales al respecto.
Héctor Alejandro Esparza Nieto
Comarca Lagunera
