El ‘sospechosismo’ del derecho de alumbrado público
Todo derecho genera una obligación; pero lo que es derecho, en Torreón hay quien se encarga de hacerlo chueco; nuestros funcionarios públicos son expertos en eso. Me explico; el Derecho de Alumbrado Público o DAP que bimestralmente pagamos en nuestro recibo de la CFE, debiera ser un derecho ciudadano y una obligación de servicio para nuestras autoridades municipales, porque nos cuesta. Lamentablemente no es así; en los hechos, nosotros estamos obligados a realizar el pago, en la proporción que la ley dicte, so pena de recibir inmediatamente un corte de suministro eléctrico tan necesario en nuestros hogares.
La autoridad en cambio, transforma en su derecho su obligación de servir; ellos, los servidores públicos están obligados a mantener el alumbrado público en perfectas condiciones, sin justificación alguna, pero nadie se los exige. Nuestras calles han estado por años en penumbras, problema que ellos achacan al vandalismo y a la inseguridad, pero que a todas luces es producto de su incapacidad, porque los ladrones de luminarias y de material eléctrico han sido ellos mismos, según reportes policiacos que han publicado diferentes medios.
El Sr. Riquelme, lejos de poner orden en sus muy consentidos muchachos, resolviendo y enviando a la cárcel a toda su gente ratera y sinvergüenza, prefiere privatizar un servicio muy necesario en nuestra ciudad, cuya adjudicación final está aún en tela de duda por la fea forma como lo han manejado y sobre todo por el enorme costo que representa para nosotros, los contribuyentes cautivos de acuerdo al padrón de usuarios de la CFE.
Porque este servicio, no lo pagan los que se cuelgan de la red general, los que tienen “diablito”; tampoco lo pagan los trabajadores y beneficiarios de la CFE, ni los dueños de grandes lotes baldíos dentro de la zona urbana y los que injustamente pagamos y damos la cara por todos, no tenemos forma de defendernos de nadie mucho menos de nuestro rapaz presidente municipal, quien debiera ser nuestro representante y gran defensor.
Esta privatización del alumbrado público es - sin lugar a dudas- un gran negocio personal para alguien o para muy pocos, considerando la forma como nuestra máxima autoridad municipal defiende todas las tropelías que se vienen cometiendo –y lo digo yo, como ciudadano, común y corriente que no pertenece a ningún partido político, pero que, sin embargo, paga puntualmente el DAP cada bimestre– que veo y me consta, la forma como se está trabajando en las calles, así como las fallas en donde se supone ya terminaron su trabajo.
Estaría bueno que pusieran al descubierto públicamente a los accionistas de las empresas secundarias o subcontratadas, principalmente a la que le corresponde la función de verificación y después a las que ejecutan las obras en representación de la empresa que “ganó” la licitación. Así dejaríamos de especular o se confirmarían los comentarios de muchos, sobre las grandes transas que hace el municipio a favor de intereses muy particulares. De que hay “sospechosismo”... pues hay “sospechosismo”.
Juan Antonio Aguilar Tello,
Torreón, Coahuila.
