La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados frenó, por el tiempo que sea necesario, la discusión de la polémica Ley General de Aguas, cuyo dictamen votaría hoy el Pleno, y que, de acuerdo con la Oposición de izquierda, tiene orientación privatizadora.
De manera sorpresiva, pero en medio del creciente malestar por el ordenamiento, la Jucopo anunció que será necesario que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación, tal como lo planteó el presidente de la Junta y jefe de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones.
El grupo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) había echado toda la carne al asador, y llevó a San Lázaro a los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y del Consejo Consultivo para hacer públicos respaldos al ordenamiento, que abría las puertas para que empresas fueran beneficiadas con concesiones para la explotación de aguas.
Al iniciar la reunión semanal de la Junta, los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Alfonso Durazo propusieron que el debate alusivo al dictamen de la ley fuera pospuesto, lo que al parecer surtió efecto, pues luego se anunció su postergación indefinida.
Manlio Fabio Beltrones y su homólogo del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, rechazaron por separado que la Ley General de Aguas sea privatizadora.
Acusan a ley de alentar el 'fracking' en el país
La Ley General de Aguas se convertirá en el brazo ejecutor de la Reforma Energética, pues alienta la práctica del "fracking" para extraer petróleo y gas shale, y permite que particulares puedan intervenir en el trasvase de grandes obras hidráulicas, advirtieron ambientalistas.
En conferencia, representantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua subrayaron que la ley favorece una visión de mercantilización del agua, a través de una mayor intervención de empresas en los rubros de infraestructura y servicios.
"Efectivamente esta Ley es un brazo ejecutor de la Reforma Energética, a pesar de que los sistemas privados no tienen la capacidad, ni el conocimiento ni la información", señaló Alessia Kachadourian, investigadora de la UNAM.
"La Ley está tergiversando el derecho humano al agua. Si privatizaron el subsuelo (con la Reforma Energética), ahora van por los ríos", abundó Silvia Emanueli, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Previo a que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunciara el freno indefinido a la discusión de la polémica ley, las organizaciones expusieron una serie de preocupaciones sobre el contenido del dictamen.
Entre ellas, que vulnera el derecho al agua y al saneamiento, permite contaminar ríos con químicos (mientras no rebasen la capacidad de asimilación), e impide el monitoreo social o académico para conocer los niveles de sus compuestos.
Las más de 50 organizaciones que se oponen a la Ley, entre ellas Agua para Todos, Alianza Mexicana Contra el Fracking, Barzón, Fundar, y Greenpeace, convocaron a una gran movilización nacional para echar abajo el dictamen y abrir un proceso de consulta y deliberación.
Al llamado se sumaron agrupaciones campesinas. José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), confirmó que aun cuando se frenó la discusión en la Cámara de Diputados, las protestas se llevarán a cabo.
El plan de defensa, convocado antes de que se anunciara el freno a la discusión del dictamen, arranca hoy a las 10:00 horas con una concentración masiva afuera de San Lázaro.
"Esta ley es mucho más atentatoria que la energética porque el agua es vital para la vida. La gente siente más el tema del agua que del petróleo", manifestó en entrevista.
