Escape. En la imagen aspectos del túnel que condujo al Joaquín 'El Chapo' Guzmán a la salida de prisión. (Archivo)
La fuga de Joaquín Guzmán Loera evidencia la debilidad y los errores en la política de seguridad federal, apuntalada a su vez en una mala estrategia de erradicación del narcotráfico, afirmó Edgar Guerra, especialista en política de drogas y grupos criminales.
El gobierno federal, explicó, no puede asumir como un hecho aislado que el líder del cártel de Sinaloa escapara de un penal de máxima seguridad.
Se trata de un problema sistémico, que involucra a la corrupción, afirmó. "Hacernos un mapa de cómo fue la fuga y advertir sobre la alta capacidad tecnológica que involucró, no esconde el hecho de que el escape ocurrió mediante la compra y la intimidación, y corrompió a una red sumamente amplia del sistema", dijo.
Pero en el caso del "Chapo", como en otros asuntos que involucran corrupción y seguridad, el gobierno ha seguido la misma estrategia: primero niega la realidad al intentar presentar el caso como un hecho aislado, luego presentar culpables de segundo nivel y por último crear mecanismos para revertir los vicios institucionales.
Sucedió con la llamada Casa Blanca, afirmó el investigador. "El gobierno quiso negar el hecho, luego salió la misma Angélica Rivera a asumir su responsabilidad y prometer que vendería el inmueble -lo que no ha ocurrido- y después nombran a Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública para investigar el caso".
Maestro en sociología por el Instituto Mora y actualmente investigador en el Programa de Política de Drogas, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de Aguascalientes, Guerra advirtió que el gobierno federal falló en su intención de desplazar el tema de la seguridad de la atención pública.
"Pero la realidad no puede hacerse a un lado", dijo el especialista. Explicó que con temas como las reformas estructurales, el gobierno ha querido "pintar un México que no es", donde "la fantasía" ha fracasado porque la realidad se impone.
"Esta guerra sin cuartel contra las drogas no se ha ganado y no va a ninguna parte", aseguró. Y prueba de que el gobierno no ha podido revertir la atención en el tema de seguridad es que siguen en la agenda asuntos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y ahora la fuga de Guzmán Loera que domina la atención pública.
El especialista advirtió que el gobierno tiene indicios suficientes para reconocer que hay un problema profundo en la política de seguridad y que ha fallado la estrategia contra el narco, que es la misma que en el pasado.
"La seguridad, las violaciones a derechos humanos, son consecuencias de una fallida política contra las drogas", aseguró.
POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
Precisamente la política en derechos humanos preocupa a la organización civil México Evalúa, que advirtió sobre la "tentación" gubernamental de aplicar mano dura en los penales de máxima seguridad, luego de la fuga de Guzmán Loaera.
Leslie Solís, investigadora del Programa de Seguridad y Justicia de este centro de estudios, destacó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó la seguridad y los derechos humanos como temas antagónicos y opuestos.
En sus declaraciones del pasado lunes, Osorio atribuyó a los protocolos de privacidad para internos de los penales, emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hubiera "puntos ciegos" en la videovigilancia de la celda 20 que ocupaba Guzmán Loaera.
"Osorio fue claro al decir que los protocolos de derechos humanos hicieron que se escapara", dijo la investigadora.
