El pasado viernes se votó en el congreso local de Coahuila una iniciativa de ley que prohíbe las corridas de toros. Más allá de las posturas a favor y en contra, queremos presentar aquí un análisis de las formas y el contexto en el que se da este proceso. Deseo preguntar por la agenda ecológica del gobierno de Coahuila que aporte sentido a dicha ley.
Esta forma de legislar coincide en al menos tres aspectos con el modus operandi del gobierno federal. Alianza con el Verde, una estrella de televisión y discusión en fast track. La "repentina" iniciativa del ciudadano gobernador Rubén Moreira fue presentada en el congreso por el partido Verde, partido político que fue expulsado en 2009 de la organización mundial de partidos ecologistas por promover la pena de muerte a seres humanos. Es decir, utilizar la preocupación por el planeta como una ideología que justifica otros intereses y prácticas.
Para acompañar y popularizar las iniciativas gubernamentales, el PRI ha utilizado recientemente a figuras televisivas de nivel nacional. Así, han participado en campañas publicitarias Lucero, Ernesto Laguardia, Anahí y el caso más célebre, "La Gaviota", hoy primera dama. Para la ley antitaurina "colaboró" en el guión populista el personaje de anunciador fue representado por Marco Antonio Regil.
Los ritmos legislativos son vertiginosos. Al igual que las reformas estructurales fruto del Pacto por México, en el que no había necesidad, ni elementos a discusión, porque el congreso elegido para representar a los ciudadanos, al menos en una democracia formal, fue sustituido por el arreglo entre particulares que al mismo tiempo son funcionarios públicos.
Con esa misma lógica de tiempo, en Coahuila no hubo espacio, ni la voluntad, para que se discutiera públicamente si es un asunto que es prioritario o necesario atender. Cuando en una democracia la discusión, reflexión y argumentación entre opositores abdica, las dictaduras constitucionales tienen su punto de partida. Cobra aquí mucho sentido la afirmación de José Mujica con respecto a lo jurídico: "toda forma de justicia es una transacción con la necesidad de venganza".
Si esta ley antitaurina no es una revancha política, si no es un acto para amedrentar la candidatura independiente de Armando Guadiana, ¿es acaso la deuda dejó al actual administración sin mucho margen y hay que justificar trabajo? Si no es un mensaje al sector empresarial y a la sociedad en general de que en Coahuila se legislará en contra de cualquiera que busque interrumpir la prolongación del moreirato, entonces ¿cuál es la agenda estatal que contextualice este tipo de legislaciones?
Si el gobierno estatal no tiene una agenda en materia ecológica, puede tomar algunas ideas de dos agendas que actualmente existen en el escenario mundial. Del plan propuesto por Barack Obama contra las emisiones de CO2 el congreso estatal, que se muestra interesado por los temas del medio ambiente, en un ejercicio de congruencia debe realizar acciones para incidir en la contaminación que generan las plantas termoeléctricas López Portillo y Carbón II ubicadas en Coahuila y señaladas por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte como de las más contaminantes de los tres países que forman la comisión.
El ciudadano gobernador, que se muestra tan simpatizante del catolicismo, podría asumir la agenda verde de Francisco, que en su documento ecológico publicado el pasado mayo afirma: "Si el Estado no cumple su rol en una región… da paso a diversas formas de criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico y violencia. Si la política no es capaz de romper una lógica perversa queda sumida en discursos empobrecidos. Una exigencia de cambio real exige repensar la totalidad de los procesos ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales."
Si esta nueva ley es el inicio de estrategias públicas con un real sentido ecológico local que pase por resolver el problema del agua y su necesario reciclaje, transporte urbano funcionando con energía solar, edificios públicos verdes, bienvenida la ley. Si es sólo un acto autoritario disfrazado de legalidad, si es la constatación del control que tienen los gobernadores de los congresos estatales, si se trata de polarizar a la sociedad para evadir la discusión de la megadeuda, entonces son las instituciones insalubres las que están contaminando la calidad de la vida humana.
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