La activista comentó ante el presidente Enrique Peña Nieto, que la policía es el reflejo del Gobierno mismo, y guste o no, es también la fotografía de la sociedad. (EFE)
Los gobernadores que no han cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad deben ser llamados a cuenta, recomendó María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común, durante la inauguración del Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías, celebrado este lunes en la capital del país.
Señaló que este foro es una oportunidad para reflexionar sobre los grandes desafíos que se tienen, además de impulsar las políticas de seguridad que los ciudadanos requieren para vivir en paz y libertad.
La activista comentó que la policía es el reflejo del Gobierno mismo, y guste o no es también la fotografía de la sociedad.
“Es indiscutible que los problemas en Iguala o en Apatzingán nos cimbraron, y reflejan el más profundo deterioro de nuestras instituciones, y la complicidad y corrupción en los distintos niveles de gobierno”.
Afirmó que este deterioro no puede resolverse con discursos, ni con paliativos a corto plazo, ni tampoco implementando estrategias como si todo el país tuviera los mismos problemas.
María Elena Morera, aseguró que los gobernadores tienen que ser llamados a cuentas, ya que actualmente ninguno ha tenido consecuencias legales por sus malas prácticas en materia de seguridad.
En presencia del presidente de la República, el secretario de Gobernación y la titular de la Procuraduría General de la República, y otros integrantes del Gobierno federal, la activista hizo cinco propuestas encaminadas a mejorar los niveles de inseguridad y de violencia que afectan al país, entre los que resta el reestructurar, o de plano desaparecer la figura del secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. “Si ponemos la lupa en las instituciones encargadas de nuestra seguridad, es posible encontrar constantes, que nos podrían llevar a tragedias similares. Hemos identificado que aún en la diversidad del país existen problemáticas compartidas en nuestras Policías: carencias, mala capacitación, y en general, un gran desorden institucional”.
Las historias se repiten una y otra vez: policías que ponen de su bolsillo para pagar uniformes, balas o gasolina; a los que no se les pagan sus viáticos; a los que no se les respetan sueldos ni horarios de trabajo; policías que no conocen los resultados de la evaluación de confianza y viven en la incertidumbre; los que son extorsionados por sus mandos; los que con más de 15 años de trabajo nunca han visto un ascenso.
Estos ejemplos ponen de manifiesto que los policías son vulnerables al exterior y al interior de su propia institución, y que sin las herramientas y el apoyo institucional adecuado salen a las calles a hacer mucho más de lo que podrían hacer, dadas sus condiciones laborales.
Y en el otro extremo, —debemos reconocer— también hay policías que por falta de controles internos y externos se aprovechan de su cargo para abusar de la población.
