Gobernanza es un término que observamos de manera más frecuente no sólo en el discurso académico sino también entre algunos políticos o funcionarios gubernamentales, quizá esto obedece a la inevitable necesidad de legitimar los actos de gobierno ante una cada vez mayor participación ciudadana que demanda un ejercicio público más transparente y con rendición de cuentas, particularmente en un país como el nuestro, donde la conformación del Estado se basó en un régimen político autoritario.
Gobernanza implica la descentralización de funciones de gobierno, principalmente a nivel local, donde la participación ciudadana ocurre ante el surgimiento de problemas específicos que involucran a núcleos de población que son afectados con decisiones gubernamentales o que disienten de ellas por considerarlas inadecuadas, donde los ciudadanos demandan ser escuchados y asumen su corresponsabilidad social frente a una gestión pública deficiente o insuficiente.
La gobernanza también implica una redefinición en las relaciones que se establecen entre la sociedad política y la sociedad civil, expresa un proceso de maduración de ésta y su fortalecimiento significa un avance en la democratización de la sociedad; hoy en día vemos un proceso de empoderamiento de los ciudadanos frente al poder público, un mayor ejercicio de ciudadanía que reduce los márgenes de simulación y manipulación entre los políticos educados en la cultura autoritaria del viejo régimen, acostumbrados a ver ese poder de manera personal y patrimonial.
La gobernanza aún enfrenta serios problemas cuando los gobernantes ejercen el poder público a través de o privilegiando las estructuras corporativas partidistas sobre el interés general de los ciudadanos, o cuando su ascenso a los puestos públicos se vincula a los grupos de interés que se apropian de la renta urbana en las ciudades o de los recursos naturales y la renta que genera su explotación, nexos que se originan desde los procesos electorales con el financiamiento de las campañas o en asociación comercial velada que implica la asignación de espacios y contratos con los que realizan negocios, reflejando la visión patrimonial que tienen sobre los bienes públicos; finalmente ambos son los factores clave que les permiten acceder a esas posiciones dentro del gobierno.
En nuestra región se observa una mayor participación del llamado tercer sector, aquel que no se asocia a quienes se desempeñan en las funciones de gobierno y el mercado, ciudadanos y grupos de ciudadanos que se involucran en los asuntos públicos, desde rescatar espacios públicos olvidados y desatendidos por el gobierno local, en el reclamo de transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones gubernamentales marcadas por la opacidad o la simulación, en la búsqueda de los desaparecidos durante el terrible proceso de inseguridad o la organización vecinal o gremial para protegerse de la amenaza que significó la violencia provocada por un lumpen empoderado en amplias escalas de la sociedad y el gobierno, de soluciones a asuntos cruciales para el desarrollo regional como la recuperación de los recursos hídricos y la protección de los espacios protegidos para asegurar la conservación de los ecosistemas naturales y la biodiversidad que aún nos quedan, entre otros.
Iniciativas como la apropiación de las calles por los ciclistas que reclaman vialidades para el transporte no motorizado y el peatón, donde Ruedas del Desierto apuntaló la multiplicación explosiva de grupos que hoy circulan por decenas y cientos en las principales calles de la zona metropolitana, cuando en ésta ha crecido exponencialmente el número de automóviles que vuelven más inseguro el tránsito y acentúan la contaminación del aire al aumentar las emisiones de dióxido de carbono, una de los principales gases de efecto de invernadero que están calentando la Tierra, aunado a un deficiente transporte público que limita la movilidad urbana de las personas que no usan vehículos automotrices, se han convertido en uno de los ejercicios ciudadanos que nacen en la sociedad civil y no producto de políticas públicas.
La recuperación de vialidades para la promoción de la cultura y el esparcimiento, como sucede con el grupo Moreleando, nombre que adoptan para matizar la demanda de un espacio público que décadas atrás cumplía una función similar en el centro de Torreón, espacio reclamado particularmente por los jóvenes y los no tan jóvenes, a quienes se les limitaron sus libertades al aumentar los riesgos que implicaba convivir en un restaurant, un bar o una fiesta pública o privada. A ellos se agregan los de la tercera edad que se han apropiado de algunas plazas públicas con fines de esparcimiento.
Estas acciones ciudadanas obligaron al gobierno que aplicara políticas públicas desde rehabilitar la avenida Morelos como otros espacios públicos, plazas o calles, a asignarle recursos a través programas como el de prevención del delito para que la población, sobre todo los jóvenes, tuvieran donde convivir en sus barrios o colonias fuera de las viviendas. Fueron las iniciativas originadas en los ciudadanos u organismos civiles las que obligaron o atrajeron la atención de los gobernantes.
