La transparencia y la rendición de cuentas son pilares de la confianza de los ciudadanos en los gobiernos dentro de un régimen democrático. Tener la posibilidad de conocer de forma sencilla qué hacen los funcionarios, en su calidad de tal, cómo lo hacen y cuál es el manejo que le dan a los recursos del erario que provienen de los impuestos que los ciudadanos pagan, es un requisito para contar con una democracia funcional, básicamente sana. Pensar que la política es un asunto que sólo compete a los políticos de carrera va en contrasentido del principio democrático y abre paso a la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y a conductas anómalas por parte de los gobernantes y representantes populares. Para castigar la corrupción es necesario primero conocer el proceder de los servidores públicos.
La transparencia y el acceso a la información pública no son una graciosa concesión del poder, son una obligación de quienes gobiernan y un derecho de los ciudadanos. En la medida en que haya gobiernos más transparentes, la posibilidad de incurrir en corrupción será menor. Pero aunque esta bandera ha sido asumida por diversas instituciones de la República, en muchos casos se observa que no se cruza la línea de seguir una mera tendencia, en el mejor de los casos. En otros, se enarbola con la clara intención de la simulación, lo cual es mucho más peligroso, ya que traiciona el legítimo interés de los sectores de la sociedad civil que han estado empujando el tema.
Pensemos en los gobiernos estatales. Coahuila, por ejemplo. Hace unos días se acaba de dar a conocer que esta entidad se encuentra en el primer lugar en el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México que realiza la asociación civil Fundar. El índice mide tres variables: leyes, diseño institucional y procedimientos. La ubicación que obtuvo Coahuila se atribuye principalmente a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es una de las más avanzadas del país.
No obstante, en contraste con lo anterior, los coahuilenses desconocen a dónde fueron a parar 18,000 millones de pesos de la deuda de más de 36,000 millones que tiene hoy a las finanzas estatales comprometidas y necesitadas de una nueva reestructura. Y lo desconocen porque, aunque la contratación de esta deuda se dio en el sexenio pasado, el gobierno actual, encabezado por Rubén Moreira, hermano de gobernador anterior, no ha informado al respecto, así como tampoco ha sancionado a ningún funcionario por el desaseo con el que se dio la contratación, con falsificación de documentos y presentación de decretos apócrifos. Así es, pues, que por una parte se tiene una ley de transparencia de avanzada y por la otra no es posible tener información sobre uno de los principales problemas de la entidad en los últimos años. ¿Descuido o simulación?
Con la finalidad de "promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción, y usar la tecnología como habilitador de esta apertura", surgió hace unos años la Alianza para el Gobierno Abierto, que hoy alcanza a 63 países, entre ellos México. El plan de acción consiste en 26 compromisos integrados en cinco ejes centrales: gobierno centrado en la ciudadanía, presupuesto abierto y participativo, datos abiertos para el desarrollo, empoderamiento y participación ciudadana y gobernanza de recursos naturales. Desde la sociedad civil, esta agenda es impulsada por asociaciones como México Abierto, Transparencia Mexicana, Fundar, Artículo 19, Cidac, Imco, entre otros, quienes promueven la participación de la ciudadanía en este plan con el fin de establecer una vigilancia de las acciones del gobierno, que obviamente también participa.
Los organismos citados organizaron en diciembre del año pasado un encuentro con la sociedad civil lagunera para motivar el debate y análisis crítico sobre el concepto y la plataforma con miras a la construcción de un modelo igual en el estado de Coahuila. De ese encuentro surgieron propuestas interesantes y cuestionamientos muy oportunos sobre los requisitos que debería cumplir el gobierno estatal para sentar las bases de un mínimo de confianza y poder avanzar con la sociedad civil en el tema. Vale la pena decir que una de las condiciones básicas expuestas por la mayoría de los participantes fue la de transparentar la deuda de la entidad y sancionar a los responsables, lo cual no ha ocurrido.
En lo que parece una jugada de madruguete en la oscuridad, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) inició con los trabajos para generar la plataforma de Gobierno Abierto en el estado, para lo cual ha integrado ya un Secretariado Técnico tripartita. El problema es que hasta el momento no existe una convocatoria abierta, información amplia y clara, ni mucho menos una intención de hacer partícipe a la sociedad civil en su conjunto, sino sólo a los que consideran sus interlocutores naturales y afines: algunas cámaras empresariales. Resulta una enorme contradicción que se pretenda desde la opacidad y la discrecionalidad construir una plataforma para la transparencia.
Debido a esto, varias asociaciones civiles que participaron en el encuentro de diciembre pasado han levantado la voz para denunciar lo que advierten que puede convertirse en una gran simulación. Y no se trata de que sólo estas organizaciones sean tomadas en cuenta o tengan una silla en el Secretariado Técnico. El asunto va más allá de eso. El ICAI, como convocante y organismo garante, debió abrir la invitación a todos los organismos que desearan participar así como informar con suficiencia sobre la relevancia de esta alianza y sus alcances. Y, sobre todo, debió incentivar el interés de la sociedad coahuilense en este ejercicio. ¿Por qué no lo hizo?
A la luz de lo visto hasta ahora y por los canales informales que ha usado para armar la plataforma, pareciera que el ICAI no quiere -vaya contradicción- que haya una participación amplia y plural de la ciudadanía. De no corregir el rumbo, las intenciones de construir un gobierno abierto en Coahuila quedarán en una nueva fachada.
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