Gobierno deja de cobrar

La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no disponen de información clara sobre el monto recaudado a partir de multas a empresas por actos de corrupción o violaciones a la legislación en materia de contratos, licitaciones y adquisiciones con el gobierno.

De acuerdo con el SAT, del 30 de julio de 2006 al 30 de septiembre de 2014, logró recuperar 106 millones 825 mil 860 pesos por sanciones a empresas que violaron la ley a la hora de hacer negocios con el gobierno.

Según datos de la SFP, esta dependencia impuso 237 multas entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de septiembre de 2014 por 53 millones 289 mil 337 pesos a empresas o personas morales, casi la mitad de lo que reportó el SAT.

Con base en distintas solicitudes de información a ambas dependencias y en un cuestionario entregado por la Función Pública, esta última admitió que ignora por qué se cobra o no una multa.

Según el Informe de Gobierno 2014, las sanciones impuestas a licitantes, proveedores y contratistas en 2006 fueron por 149 millones 164 mil 129 pesos, al año siguiente se redujo a 59.1 millones, 47.9 millones en 2008, 27.1 millones en 2009, 167.7 millones en 2010, 94.8 millones en 2011, 85.8 en 2012, 44.2 en 2013 y 50.1 millones el año pasado.

Con base en las cifras proporcionadas por la propia SFP, los 53 millones recuperados representarían 7.3 % de las sanciones impuestas.

En cambio, si se toma en cuenta el dato del Servicio de Administración Tributaria entonces sería 14.73 % de las multas estimadas.

Al requerir los datos de lo que el gobierno ha recaudado por multas y sanciones a empresas que incurrieron en corrupción o infracciones a la ley en contratos y adquisiciones, la confusión es preponderante en sus respuestas.

Por una parte, la Secretaría de la Función Pública reconoció que no es competente para el cobro o recuperación de las multas, sino que el responsable de esa tarea es el SAT.

Bajo este supuesto -agregó la SFP-, se "desconocen los motivos por los cuales son recuperados o no los créditos fiscales cuyo origen son las infracciones a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados (LOPSRM) con las mismas".

De hecho, la SFP sumó del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012 la cantidad de 168 sanciones con monto de multas por 36 millones 790 mil 937 pesos, y del 30 de julio de 2012 al 30 de septiembre de 2014 un total de 69 sanciones y 16 millones 498 mil 400 pesos por multas.

Sin embargo, en una solicitud al SAT, éste informó que del 30 de julio de 2006 al 30 de septiembre de 2014, logró recuperar 106 millones 825 mil 860 pesos -más del doble de lo que reportó la Función Pública-.

Al preguntar a la SFP el motivo de las discrepancias, la dependencia respondió: "Se advierte que las preguntas realizadas por el solicitante de la información y las respuestas emitidas por el SAT, se desprende que hacen referencia a diversos períodos, en algunas se distingue entre personas físicas y morales, algunas sólo hacen referencia a un ordenamiento legal y/o no se diferencia entre sanciones impuestas a servidores públicos o aquellas que fueron impuestas a licitantes, proveedores o contratistas".

Esto, a pesar de que a la Secretaría de la Función Pública se le hicieron llegar todas y cada una de las solicitudes realizadas al SAT.

En otra solicitud al SAT, el organismo precisó que del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre 2012 recuperó 191 millones 543 mil 114 pesos por diferentes sanciones económicas y multas administrativas a servidores públicos.

El SAT explicó que no podía proporcionar las cifras solicitadas de monto recuperado por multas y sanciones a funcionarios por actos de corrupción -como se solicitó originalmente-, "porque en los sistemas con los que cuenta esta unidad administrativa no es posible distinguir si los créditos fiscales a cargo de personas físicas, son remitidos por la SFP para que efectúe su cobro derivado de multas o sanciones por actos de corrupción".

Se publicó en un diario capitalino el 16 de junio de 2013 un reportaje donde documentó que, según una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Función Pública no argumenta bien en tribunales o deja pasar meses y hasta años sin presentar pruebas en contra de servidores públicos acusados, además de que cometía fallas simples como el anotar erróneamente en sus bases de datos el registro federal de contribuyentes del infractor.

En la auditoría, que incluyó 37 casos de la gestión 2011 de la Función Pública, la ASF halló la imposición de castigos por 459 millones de pesos que "fueron impugnados y ganados por los servidores públicos sancionados", explicó.