En días pasados, el alcalde de Torreón anunció la desaparición de la Junta de Mejoras Materiales de Torreón, organismo descentralizado de la administración pública municipal, que durante años estuvo encargado de administrar la conservación del pavimento en nuestra ciudad, con la participación de la iniciativa privada.
En paralelo a la decisión tomada, Riquelme menciona que la tarea referida ahora será realizada bajo el control directo de la estructura del Gobierno Municipal a su cargo, mediante una dependencia creada para ese efecto. Con bombo y platillo el Munícipe anuncia que el nuevo organismo contará con facultades económico coactivas, lo que quiere decir que será más agresivo en el cobro de las cuotas de mantenimiento, aunque el alcalde nada dice respecto a que los servicios que preste esa nueva dependencia serán de mejor calidad, ni explica y menos justifica, qué ventaja reportará a los ciudadanos el cambio referido que se encuentra en vías de implementación.
La situación que lo anterior implica sería risible, si no fuera porque el estado del pavimento de nuestra sociedad se encuentra en estado lamentable, al igual que la mayor parte de los servicios públicos caros y malos, que prestan nuestras autoridades locales.
Lo peor del caso, es que en nuestra ciudad de Torreón y en el Estado de Coahuila en general, el gobierno ha dejado de ser el gestor del bien común de la sociedad que por mandato constitucional y por naturaleza propia le corresponde, para convertirse en una entidad de la que se ha apoderado un grupo faccioso, dedicada a explotar comercialmente los servicios públicos, reduciendo a los ciudadanos a una condición instrumental de clientes cautivos.
Lo anterior ocurre a través de organismos operadores que no obstante su condición de monopolios, suelen estar en quiebra ahogados en deudas y asfixiados con un déficit insuperable debido a la pésima administración de los mismos, que se ejerce con un sentido patrimonialista en beneficio del grupo en el poder, mediante el reparto de contratos, puestos de dirección y otros privilegios a los favoritos del régimen en medio de la más obscura opacidad.
Como botón de muestra tenemos el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón que revela una pérdida acumulada de veinticinco millones ochocientos mil pesos en el pasado ejercicio, que la empresa pretende maquillar con la cobertura que le ofrece un subsidio del Programa Prafem, procedente de la Comisión Federal de Electricidad. El pasivo de Simas es de cuatrocientos veinticuatro millones de pesos, lo que quiere decir que la empresa adeuda seis veces sus activos, sin contar los alcances que pueda tener el litigio que la empresa municipal sostiene con la empresa Ecoagua, como resultado de la falta de pago del tratamiento de aguas residuales durante las administraciones hermanas de Eduardo Olmos y Miguel Riquelme.
Por lo que toca al alumbrado público que está en vía de reposición mediante un esquema de financiamiento que es de pronóstico reservado, dada la irregularidad con la que se operó la licitación respectiva, su renovación es la que resulta más cara del país, según comparaciones realizadas con programas similares que se encuentran en marcha en ciudades como Saltillo o el Distrito Federal.
El cobro de los servicios referidos con antelación nos hace preguntarnos sobre la justificación del Impuesto Predial que se cobra con base en el valor catastral de los inmuebles de la ciudad, y que tiene por objeto contribuir al pago de los servicios públicos que se supone presta el gobierno de la ciudad.
En tal orden de ideas, resulta obligado cuestionar la pertinencia del cobro del impuesto referido cuyo pago resulta injustificado, bajo la premisa según la cual los ciudadanos pagamos por separado el costo de los servicios públicos, de agua y drenaje, recolección de basura y ahora con un cobro con renovados bríos, el pavimento de las calles de la ciudad.
