La concentración de la riqueza y el ingreso en México es extrema y continúa creciendo, lo que vulnera los derechos fundamentales de millones de mexicanos que incluso carecen de lo más elemental para vivir; frena el crecimiento económico; e impide avanzar en la construcción de la democracia.
El pasado miércoles 24 de junio se dio a conocer un Informe sobre la desigualdad económica en México, auspiciado por Oxfam México (organización en la que tengo el honor de presidir su Consejo Directivo) y elaborado por el economista Gerardo Esquivel, que revela entre otras cosas que en los últimos 18 años la fortuna de los 16 hombres más ricos de México se multiplicó por 5.5 veces, al pasar de 25,600 millones de dólares, en 1996, a 142,900 millones, en 2014.
Si el análisis se reduce a lo que sucede con los 4 mayores multimillonarios, el resultado es muy similar, pues mientras en 2002 su riqueza representaba el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2014 ya era el 9%, es decir, en esa referencia el crecimiento fue de 4.5 veces. Sin embargo en el mismo lapso de tiempo el PIB nacional creció en apenas el 26%, es decir, a un ritmo muchísimo menor.
De acuerdo al referido estudio el 1% de los mexicanos (aproximadamente 1 millón 200 mil mexicanos) concentra el 21% de los ingresos; si lo extendemos al 10 por ciento de los mexicanos con mayores ingresos (aproximadamente 12 millones de mexicanos) el porcentaje llega al 64%, mientras en el país existen al mismo tiempo 8 millones de personas que padecen hambre y 53.3 millones que viven en pobreza.
México se encuentra entre el 25% de las economías más desiguales del mundo, producto de las políticas de contención salarial; el privilegiar los impuestos al consumo y tener una baja progresividad en el impuesto al ingreso; y una asignación del gasto público, especialmente social, totalmente ineficaz.
Esto se manifiesta al medir la diferencia del llamado índice de Gini (que mide la distribución del ingreso) antes y después de la intervención del Estado (que es simplemente antes y después de que se recauden los impuestos y se ejerza el gasto público) en México la modificación es escasamente 1.8%, mientras el promedio en los países de la OCDE es de 14.4% y en el caso de Finlandia, que es donde se observa la mayor corrección, llega al 46%.
Esta desigualdad se expresa en el ámbito social entre otras de las evidentes vulneraciones en el derecho a la alimentación, el mismo gobierno reconoce que hay 8 millones de mexicanos que padecen hambre; la diferencia en la expectativa de vida entre las mexicanas que nacen en Chiapas, Guerrero y Oaxaca (72.3 años) y las del Distrito Federal (75.7 años) es de 3.5 años, es decir, casi un 5% de diferencia; o en el número de años de educación escolarizada que pasa de 6.1 en Chiapas a 10.6 en el Distrito Federal.
Desde luego que las consecuencias negativas en el ámbito social son las más críticas, porque implican la vulneración de los derechos fundamentales a la alimentación, a la vida, a la salud, a la educación, entre otros.
Pero también hay impactos en el ámbito económico, ya que la desigual distribución del ingreso afecta directamente el poder adquisitivo de la mayoría de la población mexicana y esto impide el crecimiento del mercado interno, conduciendo a que la economía mexicana dependa de lo que sucede en otras economías para poder crecer. Un ejemplo muy evidente es lo que sucede en el sector automotriz, cuyo crecimiento promedio anual es de 8%, fundamentalmente por el incremento todavía mayor en las exportaciones al vecino país del norte; así su incremento depende fundamentalmente del buen desempeño de la economía norteamericana.
En el ámbito político, también hay impactos muy importantes, pues la llamada captura del estado, es decir, el control sobre las políticas públicas por parte de los multimillonarios mexicanos se manifiesta de muy diversas maneras y, obviamente, impide la construcción de una institucionalidad democrática. La más obvia es que los 4 mayores multimillonarios mexicanos (Slim, Bailleres, Larrea y Salinas Pliego) cuyo crecimiento de riqueza se analizaba en párrafos anteriores han hecho su fortuna en sectores de la economía concesionados y/o regulados por el sector público: telecomunicaciones, televisión, banca y minería, lo cual habla de la falta de regulación o del exceso de privilegios fiscales.
Pero para conservar dichos privilegios estos grupos económicos maniobran para ubicar a personas a su servicio en posiciones políticas importantes, como los puestos legislativos y/o los órganos de gobierno de los entes reguladores (Comisión Federal de Competencia, Instituto Federal de Telecomunicaciones, etc.) y como ejemplo basta señalar que en el Congreso de la Unión de 2012 a 2015, hubo 16 legisladores vinculados a las televisoras, en lo que se conoció como la telebancada; y en la reciente renovación, ya aseguraron al menos a 10 nuevos legisladores.
La desigualdad económica se ha convertido en un gran lastre que impide el desarrollo nacional, el problema no es únicamente la pobreza, sino que la existencia de grupos tan poderosos que pueden desafiar al mismo estado mexicano (consecuencia de la desigualdad), hace que las políticas públicas simplemente se enfoquen a mitigar la pobreza, pero no a combatirla, al tiempo que promueven el enriquecimiento de unos cuantos.
Es el momento de revertir esta tendencia con fórmulas muy sencillas: recaudar mejor (una política fiscal progresiva); gastar mejor (con políticas que garanticen la universalidad de los derechos humanos); una política salarial que permita remunerar adecuadamente el trabajo; y mayor transparencia y rendición de cuentas.
