Grecia Moderna, el mal ejemplo financiero
Grecia y sus acreedores han pactado ajustes duros y rigurosas reformas en el tercer rescate al país en cuestiones tan sensibles como las pensiones, exenciones a agricultores y privatizaciones, pero a la vez persiguen darle al programa una dimensión social.
En gran parte la crisis griega se debe a una deuda de aproximadamente 320 mil millones de euros que resulta impagable al país actualmente, gracias a que durante varias décadas los gobiernos griegos gastaron más de lo que que producían y se financiaron directamente a través de créditos. La propias autoridades helenas reconocieron que la corrupción y evasión fiscal provoco un déficit mayor al tres por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
El riesgo que tiene el contagio de la crisis griega, su salida de la zona Euro, y la falta de pago a los acreedores, han hecho que el tercer rescate sea supervisado por los demás países de la zona, quienes redactaron el memorandum del tercer rescate, en el que exigen reformas estructurales e inmediatas.
El memorandum de entendimiento que finalizaron a inicios de mes en Atenas y la cuádriga de instituciones, fija las medidas que tendrá que tomar el gobierno heleno a cambio de hasta 86 mil millones de euros de la eurozona hasta 2018.
El acuerdo incluye un análisis del impacto social, según aseguró la Comisión, si bien no ha sido publicado aún.
El documento incluye medidas que son importantes para el Gobierno de Alexis Tsipras en cuanto a la justicia social y por ello Atenas adoptará en marzo del 2016 medidas para apoyar la creación de empleo para 150 mil personas junto con políticas activas de empleo.
Ya este septiembre detallará los preparativos para la introducción de un salario mínimo garantizado a partir de abril de 2016 y también el próximo año preparará un plan de acción educativa.
Además, para fomentar la recuperación y la competitividad, Grecia podrá contar con fondos europeos por 35 mil millones de euros. No obstante, Grecia tendrá que hacer importantes ajustes de entre el cuatro y el cinco por ciento del PIB.
Los acreedores de Grecia exigen al país alcanzar unos superávit primarios del 0.5 por ciento del PIB en 2016, del 1.75 por ciento en 2017 y del 3.5 por ciento en 2018, y ya en octubre Atenas debe legislar medidas estructurales de al menos un 0.75 por ciento del PIB para 2017 y un 0.25 por ciento en 2018.
LA EXPECTATIVA
Si los números son finalmente mejores de lo previsto, deberá transferir al menos un 30 por ciento del sobrante a la cuenta destinada a la reducción de la deuda. Otro 30 por ciento sería utilizado para pagar "obligaciones gubernamentales (financieras) vinculados al pasado".
Muchas medidas las tendrá que acometer Atenas de manera inmediata como acciones previas y otras sobre todo en otoño.
En la reforma tributaria y la lucha contra el fraude, además de la reforma del IVA ya legislada en julio, Grecia se compromete a no introducir nuevas amnistías o aplazamientos para los pagos a los deudores que no cumplen a tiempo sus obligaciones y publicará una lista de morosos de pagos adeudados durante más de tres meses.
Asimismo, elaborará hasta noviembre un plan integral de lucha contra el fraude fiscal. Por otro lado, el gobierno griego tendrá que presentar hasta septiembre un plan para completar el pago de facturas atrasadas, devoluciones tributarias y prestaciones de pensiones.
OTRAS ACCIONES
En lo relativo a las pensiones, el documento establece la eliminación progresiva de la jubilación anticipada, con el objetivo fijarla a los 67 años en 2022, y la identificación y legislación de medidas legislativas que compensen los recortes aplicados en 2012, que el Tribunal Supremo Administrativo declaró anticonstitucionales recientemente.
Para enero del año próximo, se prevé la armonización de las contribuciones por parte de los distintos fondos de pensiones y, a partir de marzo, la eliminación gradual de las ayudas a las pensiones más bajas (EKAS) hasta finales de 2019.
LO URGENTE EN LA REFORMA
Respecto a los hospitales y la sanidad pública, el texto hace referencia a medidas que persiguen el abaratamiento de costes en los medicamentos para el consumidor y deja a voluntad del Ejecutivo la aplicación de la tasa de cinco euros por visita médica, que en caso de ser descartada deberá ser sustituida por una medida equivalente.
En materia laboral, el preacuerdo establece que a partir de octubre un grupo de expertos independientes revisará la legislación laboral incluyendo los despidos colectivos, la acción sindical y la negociación colectiva para adaptarlas al estándar europeo.
Por otro lado, el texto señala que el gobierno griego se compromete a continuar con el programa de privatizaciones en curso, que persigue generar unos ingresos anuales (excluyendo las acciones bancarias) de mil 400 millones de euros en 2015, tres mil700 millones en 2016 y mil 300 millones en 2017.
El acuerdo prevé la creación de un nuevo fondo de privatizaciones radicado en Grecia y bajo supervisión de las instituciones europeas, que deberá acumular activos por valor de 50 mil millones de euros, la mitad de ellos para la recapitalización de la banca.
LAS VOCES EN CONTRA
El exministro griego de Finanzas Yanis Varufakis afirmó que el tercer rescate a Grecia, para el que se ha cerrado un acuerdo técnico entre Atenas y las instituciones acreedoras, "no va a funcionar". En declaraciones a la cadena británica BBC World, Varufakis aseguró que algunos de los negociadores que han alcanzado el acuerdo comparten su punto de vista.
"El ministro griego de Finanzas (Euclides Tsakalotos) dice más o menos lo mismo", señaló Varufakis, que dijo haber sido testigo de cómo "el ministro alemán de Finanzas (Wolfgang Schäuble) va al Bundestag (parlamento) y confiesa efectivamente que este trato no va a funcionar".
Para el exministro, que dimitió a principios de julio, se trata de "un programa que está basado sencillamente en una deuda insostenible. Aún así, este es el programa que todo el mundo está trabajando para implementar", se lamentó Varufakis.
"Pregunte a cualquiera que comprenda algo sobre la economía de Grecia y le dirá que este acuerdo no va a funcionar", sentenció.
MIGRACIÓN OTRO PROBLEMA
Recesión y paro crónicos, 'corralito' y controles de capital son problemas que ya forman parte de la normalidad en Grecia, y a los que ahora se suma una crisis migratoria con la llegada masiva de refugiados. Solo en julio pasado llegaron a Grecia 50 mil personas de Siria, Afganistán, Irak, Eritrea y otros países, más de los que entraron en todo el año pasado, y un incremento de 20 mil con respecto a junio.
En los primeros siete meses de 2015 han desembarcado en Grecia 124 mil refugiados e indocumentados, principalmente en las islas de Lesbos, Kos, Quios, Samos y Leros, cercanas a las costas de Turquía.
Son datos presentados esta semana por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), que pone cifras a una situación que se ha convertido en un capítulo más del drama diario que viven desde hace años los griegos, como ha ocurrido recientemente con los controles de capital de los que ya nadie habla pese a que siguen estando ahí.
Mientras, son fundamentalmente las ONG las que están gestionando el día a día de los refugiados e inmigrantes, cuya situación es especialmente dramática en las islas, donde por falta de centros de acogida muchos deben dormir a la intemperie, sin medidas higiénicas de ningún tipo y a expensas de las ayudas alimentarias que les ofrezcan los voluntarios.
El director para Europa de ACNUR, Vincent Cohetel, describió de "caótica" y "vergonzosa" esta situación y afirmó que en sus treinta años de pertenencia a la ONU jamás había visto algo igual. El problema es que una vez trasladados a Atenas, la situación no mejora mucho y los refugiados son abandonados a su suerte.
