Grecia, que ha registrado un retroceso económico brutal en los últimos años, está buscando un acuerdo con sus acreedores para evitar una suspensión de pagos este próximo 30 de junio, cuando vence un adeudo de 1,540 millones de euros con el Fondo Monetario Internacional. Los mercados europeos tuvieron ayer un repunte por la esperanza de un acuerdo, pero todos sabemos que el alivio sería sólo temporal. Nada más la deuda en euros del gobierno de Grecia se eleva a 245 mil millones de euros (WSJ).
En otro lugar del mundo, en Brasil, la aprobación de la presidenta Dilma Roussef ha caído al nivel más bajo de su gobierno y de cualquier presidente desde 1992. El régimen de su predecesor, Lula, generó gran entusiasmo porque gozó de un fuerte crecimiento económico y porque repartió enormes cantidades de dinero en programas sociales aprovechando una bonanza en los precios de las materias primas. La economía brasileña, sin embargo, ha caído ahora en recesión. Se espera que este año el producto se contraiga 1.35 por ciento mientras la inflación se encuentra cercana al 9 por ciento.
Ni la situación de Grecia ni la de Brasil sorprenden. Si bien los países tienen condiciones muy distintas, sus gobiernos son culpables de los mismos pecados: gastar más de lo que tienen y hacerlo en rubros no productivos.
El actual gobierno griego, del partido Syriza de izquierda radical, no es realmente responsable del desastre, el cual se fue gestando en décadas de regímenes socialistas y conservadores que supuestamente deberían haber entendido mejor cómo manejar la economía. Esos gobiernos pensaron que con Grecia en la Unión Europa y en la zona del euro podían indefinidamente contratar deuda a tasas reducidas (tasas de euro) y aprovechar los subsidios comunitarios para gastar en programas sociales que permiten la compra de votos. Nunca pensaron que tarde o temprano hubiera que pagar la factura.
Brasil no tuvo a una Alemania dispuesta a subsidiar su gasto, pero aprovechó circunstancias temporales para elevar el gasto público. Si bien Lula se opuso en los años noventa a la reforma energética impulsada por su antecesor Fernando Henrique Cardoso, ya como presidente aprovechó la expansión en la producción petrolera generada por esa apertura y la bonanza en los precios de las materias primas por la demanda de China. No quiso entender estos fenómenos como temporales sino que los presentó como una consecuencia de largo plazo de sus políticas económicas. Sin embargo, el gasto deficitario no productivo y el aumento del salario mínimo por arriba de la productividad llevaron a las dificultades que el país está sufriendo hoy.
Las lecciones ahí están. La idea de que los gobiernos pueden gastar sin límite es simplemente falsa. Tarde o temprano hay que pagar las deudas. Por otra parte, el gasto social o el aumento artificial del salario mínimo son rentables políticamente porque compran votos, pero es falso que resuelvan el problema de la pobreza. La caridad y los aumentos artificiales son si acaso paliativos. Para reducir la pobreza es indispensable generar inversión, crecimiento económico y empleos, y esto no se logra regalando dinero a los pobres sino construyendo infraestructura y promoviendo medidas que promuevan la inversión e incrementen la productividad.
Los casos de Grecia y Brasil no deben sernos ajenos a los mexicanos. Si bien las finanzas públicas de México son bastante más equilibradas, el gobierno federal tiene un déficit importante, el cual se está usando no para generar inversión productiva sino para subsidiar programas sociales. Y algunos quieren todavía aumentar el sueldo mínimo de manera artificial como lo hizo Lula.
CAMPAÑA ANTICIPADA
Andrés Manuel López Obrador fue el protagonista de 1.2 millones de spots de radio y televisión equivalentes a 603,832 minutos en medios electrónicos a través de los tiempos de Morena (El Financiero). Esto le da una ventaja enorme en la carrera por la Presidencia en 2018. La legislación para impedir campañas adelantadas simplemente no funciona.
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