Con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y por razones tanto de eficiencia recaudatoria como de justicia redistributiva, los estados cedieron a la Federación la facultad de establecer, recaudar y administrar los impuestos a la renta, al consumo y los de tratamiento especial, manteniendo solo impuestos relativamente menores como a los predios, a la nómina, y a varias actividades mercantiles.
Así la Federación recauda los ingresos tributarios nacionales y transfiere un porcentaje a los estados y municipios, a través de fondos conocidos como aportaciones y participaciones. Lo que ha generado una suerte de dependencia de los ingresos federales, ya que los ingresos propios representan apenas 10 % de los ingresos totales.
Lamentablemente el sistema le da un amplio margen a los estados sobre el manejo de sus finanzas públicas, y a la vez que limita los medios de la Federación para revisar e incluso transparentar el ejercicio de los mismos. Lo más que se ha logrado hacer es etiquetar los recursos provenientes de las aportaciones a través de fondos como el FAIS, situación que ha llevado a los gobiernos subnacionales a recurrir a otras fuentes de ingreso también no supervisables como la deuda. Así los gobiernos locales contraen empréstitos con organismos, empresas y entidades nacionales y los garantizan con los ingresos que le entrega la Federación, al grado de que el 86.8% de la deuda está garantizada con las participaciones y aportaciones, y solo el 13.2% con los ingresos propios.
La falta de supervisión ha llevado a un creciente y preocupante ritmo en crecimiento de las deudas estatales. Según la más reciente información concentrada y publicada por la SHCP, a marzo de 2014, la deuda de estados y municipios totalizaba un monto de 481,079.4 millones de pesos, cantidad que equivale en promedio al 2.9% del PIB de los estados y al 83.6% de los ingresos provenientes de las participaciones. Ahora bien, si analizamos estado por estado, encontramos equivalencias alarmantes, con deudas que sobrepasan los ingresos, como son los casos de Coahuila con una deuda que representa el 254.4% de sus participaciones y el 6.5% de su PIB; Chihuahua con el 245.7% y 8.9% del PIB; Quintana Roo con el 241.5% (7.1% del PIB) y Nuevo León con 200.4% de sus participaciones, si bien su deuda representa el 4.3% de su PIB.
En este contexto, es importantísima la enmienda constitucional que en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios se quiere establecer y que recientemente fue aprobada por amplias mayorías en la Cámara de Diputados. La reforma establece las bases para llevar a cabo un endeudamiento responsable y transparente; crea un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública; prohíbe la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente obligando a que ésta se destine a inversiones públicas productivas.
De igual forma, amplía facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la deuda pública y establece candados que obligan a los estados y municipios a liquidar las obligaciones a corto plazo e impiden contratar deuda en el último trimestre de un periodo de gobierno. Estas medidas impedirían heredar deudas a los sucesores y restringirían el manejo político de la misma.
Sin embargo, hay que estar pendientes del desarrollo del proceso legislativo, ya que siendo una reforma constitucional se requiere además de la aprobación del Senado, la de al menos 17 Congresos estatales, lo que sin duda pondrá en la palestra el "teje y maneje" político de los gobernadores. ¿Habrá voluntad política para aceptar tales restricciones?
Es importante que se avance también en los temas de transparencia, ya que existen estados que no han acatado a cabalidad el mandato de Ley y continúan con la opacidad en el ejercicio de su gasto.
Vale la pena replantearnos los alcances del Pacto Federal en materia de finanzas públicas, para que se elimine la discrecionalidad de los gobiernos estatales, y para que la Federación pueda ejercer mejores controles en búsqueda de la transparencia y el manejo eficiente de nuestros recursos.
Presidente de Consultores Internacionales S.C.
