Salida. Manifestantes piden salida de Otto Pérez.
Enriquecimiento ilícito, narcotráfico y abuso del poder son clave para el financiamiento de la política en Guatemala, indicó un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
De acuerdo al informe, el 25 % del financiamiento viene de las estructuras criminales, sobre todo del narcotráfico, otro 25 % proviene de los empresarios y un 50 % son de los proveedores del Estado divididos en infinidad de entidades de distinto tamaño.
"Los recursos públicos financian la política, pero por la vía de la corrupción", dijo ayer jueves el comisionado Iván Velásquez.
"La corrupción es la unificadora del sistema político guatemalteco, basado en una amalgama de intereses que incluyen a políticos, funcionarios, entidades públicas, empresarios, organismos no gubernamentales y grupos criminales", sentenció Velásquez.
La comisión, un ente de Naciones Unidas que investiga estructuras paralelas y de seguridad en el Estado guatemalteco, elaboró un estudio sobre el financiamiento de la política en el país.
La comisión presentó algunos casos emblemáticos en los cuales señala que hay de la poca claridad de los fondos y el anonimato en el que se hace la financiación de la política. El comisionado señaló que "el financiamiento anónimo es un delito".
La forma de hacer política en el país "ha socavado a la democracia guatemalteca", dijo el comisionado.
Velásquez tomó un caso específico para ejemplificar como existen recaudadores de financiamiento en la política y nombró a Gustavo Alejos, ex secretario privado del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012). Alejos habría recaudado fondos para lograr la presidencia de Colom y luego sus empresas fueron favorecidas con contratos de obras públicas.
El comisionado explicó que la política ha girado más en torno a personas que se benefician y no a proyectos políticos.
Uno de los casos específicos es el del empresario Eswin Jerson Javier, que se postuló para alcalde por un comité cívico para las elecciones de 2015 para el municipio de Ipala, en el departamento de Chiquimula. Estaba sindicado de narcotráfico, según el exministro de Gobernación Mauricio López.
Según Velásquez, "uno de los productos más perverso ha sido el surgimiento de los partidos de franquicia" que surgen o están en formación en épocas electorales y se ponen al servicio de quien mejor les convenga.
El informe se da en el marco de una crisis política que vive Guatemala tras develarse varios casos de corrupción que tocan altas esferas del gobierno de Otto Pérez Molina que ha obligado a miles de ciudadanos a salir a las calles a manifestar contra la corrupción y exigiendo cambios en el sistema político del país.
"Es una reflexión para todos, a todos nos toca, creemos que hoy más que nunca debemos sentarnos, unirnos y pensar en un país a futuro, que los partidos aludidos no vayan a venir con amenazas de grandes manifestaciones violentas pro esto", dijo el director ejecutivo de la Cámara de Industria Javier Zepeda.
Uno de los casos más importantes que la comisión ha puesto en la palestra pública y en el ámbito judicial es la desarticulación de una red de lavado de dinero que fue a parar a fondos de financiamiento electoral ilícito.
En este caso que se denunció en la víspera se sindica a Edgar Barquín, candidato a vicepresidente por el partido opositor Libertad Democrática Renovada, quien está a la cabeza de las encuestas para las elecciones a realizarse en septiembre.
Barquín, fue superintendente de Bancos del país y expresidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, previo a su candidatura y en su cargo, según las autoridades, protegió a una red de lavado de dinero que financió al menos en un millón de quetzales a un partidos político.
"Este es el primer hecho documentado que se ha presentado en el país", dijo Velásquez quien explicó que no se registran ni se documentan denuncias previas sobre este tema.
