En 2007 el gobierno de Guatemala decidió solicitar el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para combatir los vínculos entre el crimen organizado y las instancias de seguridad y los altos funcionarios gubernamentales; esta solicitud dio origen a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la Asamblea de la ONU, y que es el actor principal de la caída y juicio en contra de Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala hasta el jueves 3 de septiembre.
Desde luego que es loable la lucha del pueblo guatemalteco en contra de la corrupción del gobierno encabezado por Pérez Molina, pero sus demandas fueron inicialmente inspiradas y detonadas por una institución de carácter internacional y, posteriormente, fueron escuchadas por instituciones nacionales que no tuvieron mucha alternativa ante las contundentes pruebas presentadas por la instancia internacional y la fiscalía general, que coadyuvó en la investigación.
Las grandes transformaciones en las naciones surgen de la confluencia de una ciudadanía activa, exigente y comprometida y la existencia de instituciones públicas fuertes que cumplen con sus mandatos constitucionales y legales. En México, carecemos de ambos; precisamente por ello las denuncias y demandas de los medios de comunicación (Casa Blanca de Las Lomas; casas de Malinalco e Ixtapan de la Sal) o las atrocidades cometidas por los cuerpos de seguridad pública quedan impunes o, en el mejor de los casos, con sanciones a funcionarios menores.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala es muy ilustrativo de las debilidades mexicanas: los atropellos de las fuerzas de seguridad acaparan la atención y concitan el apoyo nacional, incluso obligan al gobierno a tener que solicitar el apoyo de una Comisión Investigadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente con facultades y atribuciones acotadas; pero cuando las manifestaciones y protestas de los familiares y amigos de las víctimas empiezan a impactar la economía del estado y la región, los primeros en oponerse a las mismas y llamar a la resignación son los empresarios afectados, lo cual abre la puerta para que el gobierno dé el carpetazo.
En Guatemala, fue el mismo gobierno el que solicitó la intervención de la ONU ante la grave situación que estaban viviendo y le dieron dos facultades fundamentales: asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente el Ministerio Público; pero de especial relevancia fue el facultarla "para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal", con lo cual tiene vías para acceder directamente al Poder Judicial, cuando el Ministerio Público lo haga inapropiadamente o simplemente no lo haga.
Además de eso, la CICIG a lo largo de sus 8 años de existencia, ha presentado varios proyectos de reformas legislativas, que han permitido fortalecer a las instituciones públicas de Guatemala; entre las instituciones surgidas a partir de su creación está la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con el fin de investigar los casos que la CICIG y el Ministerio Público han seleccionado para ser asignados a esta unidad. La FECI actúa en estrecha colaboración la CICIG, que apoya las actividades investigativas de los fiscales, brindando asesoría y apoyo técnico.
Esta entidad internacional fue la que denunció el caso de "La Línea", el 16 de abril de 2015, cuando involucró al secretario privado de la vicepresidencia y a varios directores de la Superintendencia de Administración Tributaria, en una sofisticada red de contrabando y evasión fiscal a través de las aduanas de ese país centroamericano.
En la segunda etapa de la investigación, que condujo el 21 de agosto a la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, presentaron grabaciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos, documentos e, incluso, cheques y facturas, en el caso de la ex vicepresidenta, que los implicaban como las cabezas de dicha red.
A pesar de lo sólido de las evidencias enfrentaron las resistencias del poder y en el camino tuvieron que promover un juicio en contra de la jueza Octava de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, por cohecho pasivo y prevaricato, tras de que ésta había liberado a los primeros acusados.
Ante las evidencias y la fortaleza institucional de unas instituciones (CICIG y FECI) que contaban con el respaldo y soporte de la ONU, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia tuvieron que rendirse y dejar la vía libre para enjuiciar al todavía presidente Otto Fernando Pérez Molina.
Por supuesto que las repetidas, diversas y multitudinarias manifestaciones ciudadanas fueron un elemento importante en este proceso, pero no fueron ni las detonantes ni las decisivas. El actor principal fue el colombiano Iván Velázquez Gómez, tercer titular de la CICIG, quién ya se había enfrentado en su país al entonces presidente Álvaro Uribe, al perseguir los vínculos de los grupos paramilitares con los altos funcionarios del gobierno colombiano.
En su momento el gobierno guatemalteco reconoció la debilidad institucional nacional para enfrentar los abusos y excesos de sus altos funcionarios y decidió recurrir a la ayuda internacional para resolver sus asuntos internos, hasta hoy el resultado indica que fue una decisión acertada; pero este éxito no asegura que lograrán la fortaleza institucional que requieren para acabar con la impunidad y hacer prevalecer el Estado de Derecho.
La ayuda internacional es una opción temporal que debe permitir construir las capacidades internas; pero no es garantía de que eso sucederá, pues el resultado final depende inevitablemente de los ciudadanos de cada país, a menos que se esté dispuesto a perder la soberanía nacional.
