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Multa Partido Verde

Hace el partido Verde chamba a televisoras

AGENCIAS

Ante los agremiados de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), líderes del Partido Verde abogaron por regresar al modelo de pago de spots partidistas en las campañas electorales.

En una reunión realizada la mañana del martes, y convocada por la dirigencia de la CIRT, el diputado Arturo Escobar, el senador Carlos Puente y el asambleísta Jesús Sesma, dirigentes del Verde expusieron su plataforma de campaña y persuadieron a los concesionarios de apoyar una propuesta para eliminar los tiempos oficiales de los partidos políticos.

Los líderes Verdes indicaron que propusieron al Congreso una ley que elimine los 48 minutos diarios a los que tienen derecho los partidos con la intención de que la contratación sea directamente con televisoras y radiodifusoras pues éstas no están obteniendo ingresos de las campañas políticas.

Según testimonios de asistentes, los dirigentes fustigaron la actual ley electoral y la conducta del INE que ha castigado los excesos de promoción de ese partido.

Alegaron que las reformas que han intentado disminuir los spots han sido un fracaso. Ofrecieron "un nuevo modelo de comunicación política" que traería beneficios para los concesionarios y, en su opinión, sería clave para "la libertad de expresión".

Durante la campaña electoral de 2015, el Partido Verde ha sido multado justamente por violar el modelo vigente que obliga a los partidos a competir en un formato de equidad regulado por el INE.

A partir de una reforma constitucional aprobada en 2007, el Instituto Nacional Electoral (INE) es el único facultado para contratar la transmisión de propaganda política en radio y televisión.

La consejera electoral Pamela San Martín aseguró que el embate del PVEM contra el modelo de comunicación política no es el primero que ensayan. Sostuvo que, pese a lo que dicen, este modelo no limita la libertad de expresión.

"Cualquier persona puede expresar lo que considere, lo que no se puede es comprar para influir en la elección", argumentó San Martín.

LE QUITAN MULTA

En medio de multas que ascienden a más de 190 millones de pesos contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea la instancia que analice la cancelación del registro de dicho instituto político por su campaña publicitaria sistemática antes y durante el proceso electoral en curso.

Además, se ordenó revocar una multa de 11.4 millones de pesos al mismo partido, que le había sido impuesta por los 240 mil promocionales de una diputada.

En el análisis, el magistrado Flavio Galván presentó en sesión pública el proyecto que resolvía que previo a una resolución sobre la cancelación del registro se tendrá que escuchar la defensa del PVEM.

El pasado 4 de mayo, ciudadanos encabezados por Sergio Aguayo y Denise Dresser entregaron al INE un total de 139 mil 453 peticiones de mexicanos (registradas a través de la plataforma change.org) para que al Verde le sea retirado su registro.

En días pasados, el INE resolvió que su Unidad Técnica de lo Contencioso debía continuar con el proceso para, en su momento, dar una respuesta. Esta resolución fue confirmada ayer miércoles por la Sala Superior del TEPJF por medio del proyecto del magistrado Flavio Galván, quien dijo que la resolución final corresponde al consejo general del INE.

"No se puede resolver sobre la pérdida del registro aun cuando se viole sistemáticamente, sin que previamente se oiga la defensa del partido político interesado", indicó.

DERECHOS DE LOS MILITANTES

El magistrado Manuel González Oropeza sostuvo que cancelar el registro al Verde Ecologista afectaría también el derecho de los militantes. "No se trata de dictar una pena de muerte a un partido", dijo.

Sobre el tema, el magistrado Esteban Penagos López consideró que es improcedente la petición, porque sólo obliga a la autoridad electoral a dar respuesta y no conceder la petición de retiro de registro.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa aclaró que esta resolución no es un intento de dilatar el caso.

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