Con las últimas resoluciones que en La Laguna de Coahuila se han dado en materia penal respecto a un par de asuntos que han atraído la atención de cierto sector de la opinión pública al tratarse de hechos en donde se encuentran involucrados presuntos actores y víctimas pertenecientes todos a un específico círculo social, no deja de remitirnos al escándalo que se dio cuando se tuvo que decretar que fuese puesta en libertad la ciudadana francesa Florence Cassez por fallas y manipulación flagrante de la autoridad punitiva, que lejos estuvo de realizar su trabajo con aseo, lo que permitió que la rubia señorita dejara la prisión a la que fue recluida por el delito de secuestro, aun cuando las víctimas reconocieron su voz cuando se encontraban privadas de su libertad.
No puede dejar de recordarse el ambiente que al momento de la aprehensión de Cassez se vivía a nivel nacional. Su detención ocurrió en diciembre de 2005, en un hecho que fue transmitido por las dos televisoras de carácter nacional: Televisa y TV Azteca, por instrucciones del entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Genaro García Luna, personaje en ascenso político. Tan es así, que en el sexenio siguiente que inició el 1 de diciembre de 2006 fue nombrado Secretario de Seguridad Púbica, órgano rector en ese entonces de la Policía Federal Preventiva, brazo armado civil del gobierno para hacerle frente a las bandas criminales que desataron una guerra entre sí y que a la postre resultaría en decenas de miles de muertos en México.
La intención e idea de García Luna de recrear la detención de la banda de secuestradores era vilmente manipular a la opinión pública de que el gobierno estaba haciendo su trabajo, conteniendo a delincuentes que cometían crímenes de máximo calado, como lo es el secuestro que en la mayoría de las veces apareja el delito federal de asociación delictuosa y portación de armas de fuego.
Corrieron desde entonces casi 8 años hasta que la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Primera Sala, tuvo que decretar en una votación de 3 contra 2, que fallas en la integración del debido proceso (particularmente el teatro montado por García Luna) así como la no asistencia del cónsul francés a la que tenía derecho, fue lo que le abrió la puerta para quedar en libertad a una aparente secuestradora.
Para concluir la reminiscencia del caso Cassez, hay que recordar que este asunto tomó tintes políticos y diplomáticos. Por la parte mexicana, el presidente derechista Calderón veía en el asunto un tema eminentemente justiciero, deseaba refundir a lo que él consideraba una criminal. La contraparte era el populista presidente francés Nicolás Sarkozy, quien en un ánimo totalmente patriotero, aprovechó el caso de su connacional para pretender venderse ante sus votantes como un defensor de todos los ciudadanos franceses.
Este encontronazo enfrió las relaciones entre México y Francia. Sarkozy y Calderón dejaron el poder el mismo año, y al flamante presidente Peña le interesó recomponer los vínculos diplomáticos con Francia. Tal vez eso influyó en el criterio de los ministros para dictar su resolución que dejara en libertad a la inculpada. Por más que yo he tratado de aceptar, el derecho nunca es exacto. Cassez era culpable y purgaba una pena por secuestrar, pero el cambio de régimen logró que la interpretación del expediente fuera suficiente para soltarla por faltas al proceso.
Este breve recuento de un asunto que tuvo alcances mediáticos nacionales e internacionales por tratarse de una ciudadana francesa, viene a colación por los dos asuntos que se describen en el primer párrafo de este artículo y que tienen que ver con la soltura de dos detenidos. Uno de ellos fue un asunto patrimonial entre particulares. Escandaloso en sí porque en los ambientes donde se mueven los involucrados fue conocido el origen del conflicto. Al final el detenido encontró los caminos legales y no fue siquiera merecedor del auto de formal prisión.
El segundo caso es mucho más grave. Está involucrada una vida humana. Sin pretender de ninguna manera opinar o juzgar qué fue lo que en realidad pasó, los hechos materiales es que un señor padre de familia y empresario connotado, fue asesinado de la manera más cobarde. Por otro lado, quien había sido señalado como autor intelectual del hecho consiguió su libertad por un amparo debido, de nuevo, a faltas claras en el respeto al debido proceso. Así pues el hoy liberado tuvo que purgar tal vez injustamente cuatro años, producto del podrido sistema judicial con el que contamos, por lo tanto el responsable está en la calle, o quizá fue liberado; no obstante ya había sido condenado por un juez, por la torpeza del Ministerio Público.
Estos asuntos deben hacernos reflexionar de que algo está muy mal en el derecho penal positivo mexicano, porque en estos asuntos que son sólo muestras, quedan mucho más dudas que certezas, y lo peor, una sensación de injusticia e indefensión que hasta que no le toca a uno, no se le presta importancia.
