Promesas. Andrade se comprometió incluso a investigar el caso de la Casa Blanca del presidente.
A 50 días de que se hiciera cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade ha quedado a deber... todo.
Ninguna de las tareas a las que se comprometió el día que el presidente Enrique Peña le tomó protesta se ha cumplido.
La principal encomienda, que le fue instruida por Peña, fue que investigara si existía un conflicto de interés en la adquisición de la llamada "Casa Blanca" a Grupo Higa, y en la venta que el mismo consorcio le hizo a Luis Videgaray, de una casa en un club de golf en Malinalco.
Hasta el cierre de la edición, la SFP no ha informado del resultado o los avances que ha tenido esta indagatoria que estaría dividida en tres fases.
La primera sería revisar todos los contratos otorgados a Higa en la administración; la segunda, la revisión patrimonial de Peña, Videgaray y Angélica Rivera, y la tercera, determinar si los funcionarios que asignaron directamente los contratos incurrieron en alguna falta.
El presidente también encargó a Andrade la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, la cual no ha sido designada a la fecha.
La SFP también ha incumplido la encomienda de emitir reglas de integridad, así como establecer protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
Acusan a estados de rehuir de revisiones
Gobernadores cabildean contra disposiciones del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que facultan a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fiscalizar los recursos federales ejercidos por administraciones estatales, reveló Miguel Barbosa, presidente del Senado.
Sin detallar nombres de los mandatarios involucrados en el cabildeo, Barbosa explicó que los gobernadores argumentan que los recursos que les son entregados prácticamente son propiedad de las entidades federativas, ya que es ahí donde se recaudan.
"Los gobernadores andan haciendo una argumentación conceptual diciendo que ceden la recaudación de los impuestos y no la propiedad de los mismos", advirtió en relación a la minuta enviada por la Cámara de Diputados y cuya ruta de discusión se definió ayer en comisiones.
"Yo digo que la fiscalización debe hacerse y eso no exime a las autoridades estatales de vigilar el destino de los recursos. No podemos retroceder para que sólo sigan siendo las auditorías estatales".
