Las declaraciones vertidas por el gobernador Rubén Moreira en ocasión del cuarto informe de su administración, son un concierto de optimismo injustificado, que no acreditan un buen gobierno sino que son producto del cinismo.
Moreira se refiere el tema de la seguridad pública sosteniendo que en esa materia "lo peor ya pasó..." y que en la actualidad el estado de Coahuila ocupa el primer nivel nacional en cuanto a la percepción de seguridad por parte de sus habitantes.
Es cierto que la guerra contra el crimen organizado ha bajado de intensidad o por lo menos el sistema de comunicación social del moreirato que nos cuesta a los coahuilenses la friolera de mil millones de pesos al año, ha logrado bajar el nivel de percepción al respecto, lo que no quiere decir que los índices delictivos hayan bajado. En efecto, las estadísticas disponibles en los renglones más sensibles como homicidios, secuestros y robos a casa-habitación o negocio, permanecen en rangos similares a los de la era calderonista.
Basta escuchar las declaraciones de la Coordinadora Nacional de Antisecuestros Patricia Bugarín publicadas en El Siglo de Torreón el lunes pasado, apoyadas en estadísticas que denotan que el sistema de combate al secuestro es un fracaso, ya que sólo cinco de todos los estados de la república cumplen con la normativa, entre los cuales la funcionaria no incluye al Estado de Coahuila.
Al citar el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, Moreira adjudica a su gobierno también el primer lugar nacional, justamente en los días en que su secretario de finanzas Ismael Ramos reconoce frente al Consejo Lagunero de Iniciativa Privada, que los reclamos ciudadanos en torno a la administración del Impuesto sobre Nómina tienen como origen la falta de comunicación, lo que se entiende como una aceptación inequívoca de culpa sobre ese particular.
Por otra parte, el moreirato no justifica haber cumplido los mínimos estándares de transparencia y rendición de cuentas, mientras no revele el destino de los recursos obtenidos de la megadeuda que hipoteca el futuro de los coahuilenses por los próximos veinticinco años. La megadeuda no es sólo responsabilidad de la administración de Moreira Humberto, sino que también es culpa del actual Moreira en la medida en que ha sido cómplice por encubrimiento, con el añadido de que los refinanciamientos basados en más y mayores empréstitos continúan en el mismo nivel de opacidad, como lo demuestra el hecho de que hasta el día de hoy, el gobierno de Rubén no acredita el destino de los últimos dos mil quinientos millones de pesos obtenidos en préstamo este año, para pagar proveedores.
La megadeuda de Coahuila es un pesado lastre sobre las espaldas de los ciudadanos cuyo pago de intereses a la fecha rebasa los diez y nueve mil millones de pesos, lo que desangra las finanzas del Estado, mantiene anémica la obra pública y hunde en la mediocridad la prestación de los principales servicios desde el rubro de salud pública hasta la impartición de justicia.
El hecho de que en Coahuila pretenda esconderse la basura bajo la alfombra, no implica que los problemas en materia de seguridad o transparencia y rendición de cuentas estén resueltos, y sólo acredita que el moreirato ve a sus gobernados como idiotas y así los trata.
Así lo denota lo declarado por Moreira ante el Congreso de Coahuila al comparecer a rendir su informe, cuando al ser interpelado sobre la megadeuda arremete contra el gobierno del expresidente Felipe Calderón y critica a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de aquel entonces, por no haberse percatado de la falsificación de los documentos del Congreso de Coahuila que sirvieron de base para que su hermano Humberto, contratara el endeudamiento de modo ilegal. Increíble, pero cierto.
Tal vez tenga razón Moreiera y sea aplicable en el caso la vieja conseja según la cual peca tanto el que roba como el que se deja robar. A ese respecto, también somos culpables los coahuilenses por permitir el saqueo sistemático y el mal gobierno, que padecemos desde hace diez largos años.