Inconsistencias. El caso no está cerrado, sino que quedan muchos frentes abiertos.
La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, pidió ayer en Ginebra, Suiza, que se amplíen las investigaciones sobre el caso Tlatlaya, en el que 22 presuntos delincuentes murieron a manos de militares el 30 de junio de 2014 en México.
En un comunicado de prensa, Pouilly argumentó que, pese a que actualmente un oficial y seis soldados están sujetos a proceso penal en torno al caso, las autoridades mexicanas deben continuar sus pesquisas sobre el incidente ocurrido en el Estado de México (centro del país).
Estas investigaciones, continúa la portavoz, deben incluir a "las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos" cometidas ese día.
Según la versión inicial presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional, los 22 supuestos criminales fallecieron en un enfrentamiento armado con las tropas en el municipio de Tlatlaya.
No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) reveló recientemente que, de acuerdo con sus investigaciones, 11 de las víctimas fueron "prácticamente fusiladas", mientras que cinco murieron realizando "maniobras instintivas de defensa".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), que clasificó el expediente del caso en la categoría de violaciones graves a los derechos humanos, estableció en siete la cifra de civiles muertos en el enfrentamiento con los militares y en 15 el número de los que fueron asesinados por los soldados una vez que se habían rendido.
"Como en cualquier caso que involucre presuntas violaciones de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad aplicables al uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad, es requerida una investigación rápida, completa, efectiva, independiente e imparcial", señaló Pouilly.
La portavoz recordó que las tres mujeres que presenciaron los hechos han alegado "haber sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria y torturas".
La investigación de dichos casos y llevar a las personas responsables de los hechos ante la justicia, concluye el organismo, constituye "la mejor forma de garantizar que dichas violaciones no sucedan nuevamente".
Ha tenido un alto costo
El ministro mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, denunció ayer que el caso Tlatlaya ha sido tratado de forma "superficial" y admitió que ha causado un "alto costo" a las Fuerzas Armadas.
"Ha sido muy costoso (para el Ejército), y también me parece que ha sido manejado de manera superficial, sin conocimiento de las cosas", señaló Cienfuegos.
Cienfuegos consideró que ha faltado información y que, por ello, la sociedad "no está enterada de todas las limitaciones" que el Ejército tiene.
Por ejemplo, indicó que desde que el Congreso acotó el año pasado el fuero militar a fin de que los soldados que violen derechos humanos de civiles sean juzgados en tribunales civiles, las Fuerzas Armadas están "impedidas" para investigar hechos como los acontecidos en Tlatlaya.
Las pesquisas de la Procuraduría General de la República revelaron recientemente que once de las víctimas fueron "prácticamente fusiladas", mientras que cinco murieron realizando "maniobras instintivas de defensa" y del resto no se menciona si dispararon contra los militares. Los soldados realizaron 160 disparos, mientras que los civiles sólo 12.
"Lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente, en contra de los soldados. Que la diferencia de fuerzas eran 22 personas armadas (...) y de parte del personal militar era un oficial y siete de tropa", relató Cienfuegos.
"Entonces se habla ahí de que hubo un sometimiento. Yo no puedo entender cómo hubo un sometimiento si eran ocho soldados", consideró, quien pidió el inicio de un juicio que determine qué pasó.
"Si nuestra gente tiene responsabilidad, que se los castigue de acuerdo a la ley", afirmó.
