El anuncio de Miguel Riquelme respecto a la integración de un denominado Consejo de Movilidad Urbana, en paralelo al ya existente Consejo de Vialidad Municipal integrado por empresarios y otros representantes de la sociedad civil, que encabeza el contador público Rafael Saavedra Urbina, revela la apreciación equivocada que de los Consejos Ciudadanos tiene el alcalde de Torreón.
Como es del conocimiento del público y como indica el sentido común, los Consejos Ciudadanos están integrados por ciudadanos, valga la redundancia, que coordinan esfuerzos con la autoridad, en torno a un tema específico de nuestra vida pública como es el caso de la vialidad o movilidad urbana que nos ocupa; respecto al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento Simas, etcétera.
Por ello resulta lógico que al propalar el alcalde la creación del Consejo de Movilidad anunciado la semana pasada, los organismos empresariales de la ciudad que integran el Consejo de Vialidad que ya existe y está trabajando de tiempo atrás, expresen su temor de que la función se duplique o bien que sea desplazado el Consejo integrado primero en tiempo.
Ante la reacción de los empresarios Riquelme asegura que las funciones de ambos consejos no se empalman y exige a los inconformes "no hacer especulaciones" lo que desde luego constituye un error del alcalde, porque contrario a su parecer las funciones sí se duplican y por ende se empalman y tal cosa no es una mera especulación imaginativa, sino una realidad evidente.
Lo indebido del caso es que el Consejo de Movilidad de reciente cuño es presidido por el alcalde y como consecuencia, el organismo está pervertido de origen, porque es tanto como aceptar que el edil se cuestione y se conteste como si estuviera frente a un espejo en solitario, lo que entraña una invasión de la autoridad al campo de acción que corresponde a la participación ciudadana, implicando con ello una intromisión inadmisible y antidemocrática.
Es cierto como aduce Riquelme que el Consejo que pretende imponer se encuentra regulado por el Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón aprobado por el Cabildo en julio del año pasado, pero dicho reglamento contempla en sus artículos 156 y 157 un órgano integrado por nueve funcionarios municipales encabezado por el alcalde, y si bien admite la inclusión de ciudadanos presuntos representantes de distintos "sectores", no establece procedimiento alguno de inclusión que sea garante de la representatividad de los implicados.
Se trata de la usurpación de la representatividad de la sociedad por parte de una estructura de gobierno, a la que se agregan determinados dizque consejeros ciudadanos designados a modo por esa misma estructura burocrática.
Ese intento invasivo es consistente con el estilo del moreirato, que se alimenta de una red clientelar parasitaria que a diferencia del viejo PRI que favorecía a los "amigos y familiares" de los funcionarios en turno, hoy día genera políticas públicas que con pretensiones de ser generales, están dirigidas a una bolsa anónima mucho más extensa, lo que va en contra de la participación ciudadana y de la sociedad abierta indispensables para el ejercicio pleno de la democracia.
Dos botones de muestra que prueban la existencia de esta forma de cacicazgo de última generación, los encontramos en la llamada "marea roja" que es un grupo de quinientas elementos en la nómina municipal, de los cuales cien son barrenderos y cuatrocientos aviadores y todos ellos, operadores electorales intermitententes.
Del mismo modo se inscriben en esta categoría, los recientes restaurantes y bares que con dispensa de todo trámite han brotado como hongos alrededor del llamado "Distrito Colón" y que con el pretexto de rescatar la "vida nocturna" funcionan en condiciones de privilegio invadiendo banquetas y operan por debajo de costo, como competencia desleal en contra del sector restaurantero que sí paga su licencia para venta de alcoholes, así como las cuotas del seguro social en favor de sus trabajadores. Increíble, pero cierto.
