Golpes. La marcha de jornaleros agrícolas a las oficinas del gobierno de Baja California en San Quintín concluyó con un enfrentamiento con policías estatales. Autoridades reportaron la detención de más de 200 personas
Una empresa vinculada con la familia del expresidente Vicente Fox es indagada por el caso de la explotación de indígenas tarahumaras en cultivos de Baja California Sur.
La Secretaría de Trabajo informó el lunes pasado que la empresa El Cerezo explotaba a 200 jornaleros en campos agrícolas en el Municipio sudcaliforniano de Comondú. Los campesinos laboraban y vivían en condiciones insalubres, de hacinamiento y de miseria salarial.
La dependencia federal encontró a 13 menores de edad trabajando y 167 jornaleros sin registro ante el IMSS.
El Cerezo tiene su domicilio fiscal en la carretera León-Cuerámaro km. 13.
En ese punto se ubica la ex Hacienda de San Cristóbal, donde se encuentran un hotel boutique, un restaurante y la empresa procesadora de alimentos El Cerrito, propiedad de los hermanos José, Mercedes y Vicente Fox.
Ángel Arellano, delegado de la Secretaría de Trabajo, informó que El Cerezo fue sancionada en Guanajuato en 2011 y 2012 por irregularidades en las condiciones de trabajo.
VAN POR OTRAS 25
La Secretaría del Trabajo investiga a 25 empresas en la península de Baja California por explotación laboral de jornaleros a raíz de las protestas del municipio de San Quintín, aseguró Víctor Manuel Torres, titular de las Delegaciones Federales del Trabajo.
El funcionario afirmó que hay unos 28 mil trabajadores afectados por las prácticas de estas empresas, los cuales provienen de Chihuahua, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
"Lo que hemos podido verificar junto a autoridades del Ministerio Público, es que puede haber acoso laboral, acoso sexual que también constituyen conductas delictivas", señaló en entrevista.
La STPS rescató a unos 200 jornaleros tarahumaras, entre ellos niños y menores de edad, que fueron explotados laboralmente por Corporativo El Cerezo. Esta empresa los mantenía en campos de cultivo de papa en condiciones insalubres y de hacinamiento, denunció la Secretaría del Trabajo.
Ligado a este hecho, jornaleros agrícolas de San Quintín, Ensenada, tomaron varios tramos de la carretera Transpeninsular, en Baja California, en reclamo por las malas condiciones de trabajo.
Derivado de esto, se obtuvieron los nombres de 25 empresas que están siendo inspeccionadas por la autoridad laboral y que están incluidas en el pliego petitorio de los inconformes.
Víctor Manuel Torres se negó dar los nombres de las empresas señaladas, pero asegura que se trata de distintos dueños.
"Se relacionó una situación con otra. Una vez que se dio a conocer la inspección que terminó en el rescate de 200 trabajadores, la gente de San Quintín ha estado señalando violaciones a derechos laborales", señaló Torres.
Pierden millones
Pérdidas millonarias para empresarios agrícolas, disturbios y actos vandálicos fueron generados por una falta de atención del gobierno del estado quien ya había recibido denuncias formales por explotación laboral, sueldos bajos y condiciones de trabajo poco humanas.
Después de una reunión con autoridades municipales y estatales donde acordaron el cese a las manifestaciones, la tranquilidad llegó a San Quintín el día de ayer, mientras continúan las mesas de diálogo y liberación de algunos compañeros detenidos por delitos menores.
El gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid, finalmente se incorporó a las mesas de diálogo tras una exigencia de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín.
El primer mandatario llegó acompañado por el alcalde Gilberto Hirata Chico, quien estuvo no más de 15 minutos en la reunión.
Los medios de comunicación cuestionaron a Vega Lamadrid sobre el motivo de su falta de atención a los jornaleros a tiempo, quien se defendió argumentando que había representantes del estado en su lugar.
