Dineral. Los contratos militares suelen ser de los más jugosos para los proveedores del gobierno.
La PGR indaga posible lavado de dinero en el caso de los contratos de 5 mil millones de pesos adjudicados a José Suzumo Azano a fines del sexenio pasado, para instalar equipos de espionaje en el Centro Militar de Inteligencia.
De acuerdo con reportes castrenses, la Procuraduría General de Justicia Militar remitió a la PGR la averiguación previa SC/96/2014/V, que había abierto por los contratos otorgados a la empresa Security Tracking Devices, propiedad de Azano.
El caso lleva ya varios meses en manos de la Unidad Antilavado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que instruye la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/079/2014.
En el sexenio pasado, Azano se convirtió en el principal proveedor de tecnología de la Secretaría de la Defensa Nacional, al venderle equipos de escucha telefónica, geolocalización, intrusión y extracción de datos de smartphones y computadoras, en 5 mil millones de pesos.
La indagatoria de la SEIDO es precisamente por esas compras de tecnología para el espionaje de mensajería instantánea de BlackBerry, extracción de fotografías, listas de contactos y chats de teléfonos, así como software para convertir cualquier celular o computadora en un micrófono ambiental.
Security Tracking Devices instaló y echó a andar los equipos en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia, en el Campo Militar Número Uno.
A principios de la presente administración surgieron versiones de que Azano reclamó a la milicia adeudos relacionados con dichos contratos y que, ante sus gestiones infructuosas, anuló el funcionamiento de la tecnología que le compraron.
Cierta o no, fue a partir del actual sexenio cuando los problemas legales del empresario comenzaron tanto en México como en Estados Unidos.
A fines de 2013 la PGR desmanteló una amplia red de empresas virtuales presuntamente encabezada por Carlos Ambe Buzali, que vendían facturas apócrifas y lavaban fondos ilegales.
Una de esas empresas, de nombre Comercializadora Piter, recibió 33 millones de pesos de Security Tracking Devices, la compañía de Azano, una operación aparentemente para obtener facturas apócrifas y la devolución del efectivo.
El depósito fue reportado por la Unidad de Inteligencia Financiera para que iniciara una investigación por lavado de dinero.
En febrero de 2014 el FBI detuvo a Azano en San Diego, California, por supuestamente contribuir ilegalmente a campañas electorales, falsificar registros y poseer armas sin licencia.
El Departamento de Justicia le fincó 25 cargos, aunque Azano pagó una fianza de 5 millones de dólares para quedar en libertad.
Consignan a 'polleros'
La PGR consignó a cuatro hombres de nacionalidad mexicana y uno más de nacionalidad hondureña, por el delito de violación a la Ley de Migración, en la modalidad de transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro. La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) informó que los ahora detenidos pretendieron evadir la revisión migratoria, en Campeche.
Se informó que estas personas fueron aseguradas cuando viajaban en una camioneta.
