Acusados. Hay versiones que afirman que los policías federales ejecutaron extrajudicialmente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México dijo ayer que investiga un enfrentamiento entre fuerzas federales y grupos de civiles armados el pasado 6 de enero en el municipio de Apatzingán, que dejó un saldo de 9 muertos.
El tema ha ganado gran repercusión social y política, por lo que la Comisión decidió abordarlo.
El organismo público dijo en un comunicado que desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos envió un equipo de visitadores de su oficina en Morelia, capital del estado de Michoacán, al lugar de los acontecimientos.
Además, señaló que atendió a familiares de 44 personas detenidas ese día durante una operación de las fuerzas federales para recuperar la alcaldía de Apatzingán, que había sido tomada a finales de diciembre pasado por el grupo armado Los Viagras.
De acuerdo con la versión oficial, durante la recuperación de la alcaldía un civil murió y los ocho restantes fallecieron en un enfrentamiento con los agentes federales cuando intentaban recuperar los vehículos decomisados.
Un día después del incidente, se publicó la versión de un testigo, según la cual al menos tres de las víctimas fueron asesinadas por las fuerzas federales después de haberse rendido.
La CNDH indicó que "ha solicitado informes a las autoridades federales y locales señaladas como probables responsables de los hechos y continuará con su investigación".
Además, dijo que los visitadores han recabado información difundida en distintos medios, escritos presentados por familiares de los detenidos, así como la averiguación previa que realiza el Ministerio Público.
Según el comisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo, la mayoría de los fallecidos murió por "fuego amigo" en medio de la confrontación y no por ataque o por ejecución extrajudicial por parte de elementos federales.
En el caso ha sido relacionado el grupo de Los Viagras, exbrazo armado de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, al que se acusa de haberse infiltrado en los grupos de autodefensa que surgieron en febrero de 2013 y fueron legalizados como Fuerza Rural en mayo pasado.
