La privatización del petróleo no inició la semana que concluye con la fracasada "ronda 1" en la que se cedió la potestad de la nación para explotar hidrocarburos en dos de los 14 bloques que se licitaron. La enajenación del bien público se ha venido dando sistemáticamente, a lo largo del tiemplo, cada vez que un peso proveniente del crudo y sus derivados ha ido a parar indebidamente a los bolsillos de un particular. Esto ha sucedido bajo múltiples mecanismos, algunos legales - porque los legisladores les dieron ese carácter - otros legaloides y otros más, que son descaradamente corruptos.
Cierto es que gracias al petróleo se han realizado obras importantes para el país. Pero también lo es que dichos trabajos han tenido importantes sobreprecios debido a la colusión entre empresas y funcionarios. La enajenación de los bienes públicos - y no sólo los provenientes del petróleo, también pensemos en aquellos que tienen su origen en el pago de impuestos, derechos, multas, etcétera. - también ha llegado por la vía de los desproporcionados sueldos y prestaciones con que se "consienten" las autoridades de los tres poderes y los tres niveles de gobierno; así como los que indebidamente reciben líderes sindicales y altos burócratas de las empresas paraestatales.
Se enajena también lo público cada vez que un funcionario, del nivel que éste sea, presta un servicio haciendo sentir al usuario que "le hace el favor de atenderlo"; o bien, cuando se inaugura una obra (aun suponiendo que se manejó con absoluta transparencia y probidad) y el gobernante la presume como si el costo de la misma hubiera sido cubierto por él.
Sin embargo, la más grave privatización de lo público ha venido ocurriendo en la educación. Tenemos un sistema educativo (y no me refiero sólo al que ocurre en las escuelas sino a toda la educación en general) que, por un lado, enseña que nada es más valioso que tener, exaltando como "modelos de éxito" a los grandes magnates mundiales, cultivando en los más jóvenes la ambición desmedida. Y lo hace también al fomentar un profundo desprecio por lo público, haciéndolo equivaler por lo que "no tiene propietario" o por aquello que "sólo el gobierno tiene que cuidar".
Así, mientras la mayoría de los ciudadanos da la espalda a lo público (baños, plazas, calles, servicios, obras, recursos, etcétera), los que lo tienen de frente no hacen otra cosa que apropiárselo… y de la peor manera.
