Finalmente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral puso un alto (todavía no es definitivo que sea fin) a la promoción ilegal del Partido Verde Ecologista de México, al aplicar una multa de 67 millones de pesos (que realmente es muy poco para la inequidad que ha generado) por desacato a las medidas cautelares dictadas desde el 31 de diciembre del año pasado, para retirar de las pantallas de las salas de cine de Cinépolis y Cinemex los llamados cineminutos, que son anuncios del partido bajo el cobijo de supuestos informes de sus labores legislativas.
La sanción originalmente propuesta por la Comisión de Quejas era de 35.7 millones de pesos, a pesar de que después de más de un mes de desacato, el 9 de febrero se les volvió a conminar a retirar los llamados cineminutos; pero se incrementó a los 67.1 millones de pesos porque se detectó que no únicamente desacató la orden anterior, sino que incluso celebró -después de la decisión de la Comisión de Quejas de otorgar las medidas cautelares y, en consecuencia, retirar los promocionales- un nuevo contrato con las citadas empresas.
Desgraciadamente la promoción ilegal del Verde tiene su origen en una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 8 de mayo de 2009, en la que por unanimidad de votos resolvieron que los legisladores sí podían comprar espacios para difundir sus llamados "informes de labores" en los distintos medios de difusión (incluyendo radio y televisión, medios en los que expresamente se encuentra prohibida la compra de espacios a terceros) siempre y cuando proviniera de los recursos de los mismos legisladores o su grupo parlamentario, no se hiciera en tiempos de precampaña o campaña y no tuvieran contenido electoral.
Esa resolución del Tribunal revocó las sanciones que en aquel entonces había impuesto el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la compra de tiempos en radio y televisión, por una campaña donde los legisladores del partido verde difundían que habían cumplido con su oferta de imponer cadena perpetua a secuestradores.
Aunque el asunto es muy similar, en esta ocasión la Sala Especializada creada a partir de la reciente reforma electoral, resolvió el 29 de diciembre del año pasado en sentido distinto lo sostenido por la Sala Superior. De hecho la misma Sala Especializada ya se pronunció el 7 de febrero pasado sobre el caso de los cineminutos y mantuvo el criterio de que sí generaba inequidad en la contienda y, por ende, el PVEM tomaba una ventaja indebida. La Sala Superior también falló en contra de un recurso interpuesto por el PVEM para tratar de revocar la decisión del INE y la Sala Especializada sobre las medidas cautelares, pero falta conocer su posición sobre el asunto de fondo, es decir, si mantiene el criterio de 2009 o lo cambia.
En su defensa Arturo Escobar, vocero nacional y coordinador de la bancada Verde en la Cámara de Diputados, argumentó: "Nosotros únicamente estamos cumpliendo con algo que ningún partido había hecho, difundir a través de informar, porque es un derecho que tenemos y es un derecho de la población a ser informado. Constituye una fórmula nueva apegada a la ley que ningún otro partido la ha puesto en práctica". Y, desde luego, anunció que impugnará la sanción que le impuso el INE.
Aunque hay que aclarar que una cosa es la sanción por el incumplimiento de las medidas cautelares, lo cual está debidamente probado y como la Sala Superior ya se pronunció sobre la constitucionalidad de las mismas, difícilmente las podrá revocar. Y otra, muy distinta, es la legalidad de la difusión de los informes legislativos con recursos de los grupos parlamentarios o de los mismos legisladores, que fue precisamente lo que avalaron en el 2009.
La estrategia de posicionamiento del PVEM siempre aprovecha los meses previos al inicio formal de las campañas electorales para ocupar los espacios en los medios masivos de comunicación, particularmente radio y televisión; esto lo hicieron desde 1999 precisamente para negociar en condiciones favorables su alianza con el Partido Acción Nacional de cara a la elección presidencial del año 2000.
Repitieron la estrategia durante los procesos de 2003 y 2006, lo cual les permitió negociar también condiciones muy favorables en sus alianzas con el Partido Revolucionario Institucional; pero como la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008, prohibió la compra de espacios en radio y televisión, previo al inicio del proceso electoral del 2009, ensayaron esta fórmula de los "informes legislativos", aprovechando la disposición establecida en aquel entonces en el párrafo 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite a los gobernantes difundir sus informes de gestión.
La disposición se mantuvo exactamente en los mismos términos en el párrafo 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales y el Verde pretende mantener su "fraude a la ley". Por lo pronto, tanto la Sala Especializada como el Consejo General del INE ya dejaron claro que no comparten el criterio del 2009, pero falta conocer el criterio de la Sala Superior.
Lamentablemente en cualquier caso el PVEM ya logró su propósito: posicionarse entre el electorado, en los momentos en que ninguno de los partidos políticos tiene un acceso importante a los medios de comunicación, así que lo único que se decidirá es si se le sanciona por la ventaja indebida o no y, sobre todo, si se mantiene o cancela dicha posibilidad en el futuro.
