Documentos. Don Óscar Villarreal Jiménez cuenta con toda la información, planos, escrituras y peritajes para probar su dicho. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rosario Robles Berlanga, tiene en sus manos resolver de fondo un problema que luego de 45 años de reclamo legal ha puesto en evidencia el enredo burocrático al que se enfrenta quien hace un trámite de indemnización por terrenos enajenados.
El presidente Enrique Peña Nieto fue enterado ya del añejo problema que existe en el municipio de Lerdo, Durango.
Un problema en el que los afectados acusan de negligencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes han manoseado durante años expedientes donde se reclama la indemnización de terrenos particulares invadidos (en los que hoy existen poblados) tras la creación de la presa Francisco Zarco, sin que hasta la fecha exista una solución.
Las más de 8,000 hectáreas corresponden a la fracción occidental de la exHacienda La Loma.
EL INICIO DE UNA TRAMA DE CASI CINCO DÉCADAS
Fue en agosto de 1970 que el señor Santos Villarreal Barrientos, propietario de los terrenos en mención, fue citado por medio del entonces gobernador de Coahuila, Braulio Fernández Aguirre, para una audiencia con el presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz.
En dicha reunión el primer mandatario solicitó a Villarreal que accediera a la reubicación o traslado del poblado Graseros y Loma Verde a terrenos de su propiedad.
Villarreal aceptó, pero también hizo del conocimiento de Díaz Ordaz que debido a la reciente construcción de la presa Francisco Zarco sus terrenos estaban siendo invadidos por grupos ejidales dirigidos por la Secretaría de la Reforma Agraria, con el pretexto de que habían sido afectados totalmente a causa de la presa. El presidente de la República respondió a Villarreal que de ser el caso se haría el pago de compra o indemnización correspondiente.
Dichos terrenos son los que ocupan desde 1976 a la fecha los poblados Nuevo Graseros y Loma Verde en el agostadero "El Patrón", a la orilla izquierda de la carretera de acceso a las instalaciones y vaso principal de la presa Francisco Zarco, y a la orilla oriente de la Sierra El Mulato.
Santos Villarreal Barrientos era dueño de 14,363 hectáreas de las cuales sólo reclamó la indemnización de 8,724. Esto porque, con el objetivo de destrabar y solucionar el problema ocasionado por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la familia aceptó de buena fe posibles afectaciones equivalentes a más de 5,000 hectáreas y que corresponden a Graseros, La Loma, dotación a Francisco Zarco y a Margarito Machado.
Villarreal Barrientos y su hijo Óscar Santos Villarreal Jiménez solicitaron a la SRA la indemnización por la afectación de los terrenos que sirvieron para beneficiar a los ejidos Graseros y Loma Verde, La Loma y Margarito Machado, del municipio de Lerdo, así como el Tepozán y Providencia, del municipio de Cuencamé.
LA REUBICACIÓN Y EL COMIENZO DEL DESORDEN
El desorden inició luego de la reubicación de ejidos como Graseros y Loma Verde con delimitaciones realizadas de forma equivocada por el entonces delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, Lamberto Elías Cardona, que estuvo en el cargo de 1976 a 1979.
Las delimitaciones equivocadas se hicieron con información que no fue cotejada con la escritura 183, testimonio 1926 de la Hacienda del Refugio y Anexas.
A Santos Villarreal se le fue la vida sin recibir la indemnización.
En 2005 la familia Villarreal denunció que el entonces delegado de la SRA de Durango, José Noel Pérez Salais, había fabricado un falso polígono de la propiedad de Villarreal.
En 2010 denunciaron que el perito adscrito a las órdenes del Tribunal Agrario Unitario VI Distrito, Víctor Hugo Herrerías Ávila, se basó en dichos planos falsos para hacer su dictamen.
"El uso de documentos adulterados, alteración y recorrido de nuestros linderos y polígono fueron tolerados por el Tribunal Unitario Agrario VI Distrito y su perito adscrito, así como por el Tribunal Superior Agrario y sus Colegiados Auxiliares", dice Óscar Santos Villarreal Jiménez, quien es el apoderado y representante legal de la fracción occidental de la exHacienda La Loma.
La falsedad es comprobable porque en ambos planos no aparecen los agostaderos de "El Mulato" y de "El Pando", así como la "Mina del Guano" sin fundamento al ser elementos inamovibles.
De hecho, Graseros y Loma Verde se encontraban en el agostadero "El Mulato" en el que se constituyó en 1968 el vaso principal de la presa Francisco Zarco y que había sido reubicado para el año de 1970 en terrenos del agostadero de "El Patrón", propiedad del particular adoptando el nombre de ejido Nuevo Graseros.
También denunciaron al magistrado suplente de dicho Tribunal, Jorge Vázquez Ortiz, por haber dictado una sentencia de un expediente (593/2001) de miles de fojas en mes y medio sin tomar en cuenta más de 100 pruebas periciales aportadas para demostrar la procedencia de la demanda en los juicios como en el que había intervenido 6 años antes.
"Todos optaron por encubrir actos ilícitos y por su incompetencia a su vez cometieron otros", dice Villarreal Jiménez.
Así, el origen de la demanda es el juicio del expediente 641/2006, pues los tribunales agrarios se basaron en planos falsos.
SURGE LA SEDATU... PERO NO RESUELVE
El 25 de mayo de 2015, Óscar Santos Villarreal envió un documento dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde le suplica intervenga para que ordene a la autoridad agraria resolver el problema tras haber transcurrido 45 años.
También dirigió un oficio al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, porque no se ha dado respuesta al dilatado caso. La familia Villarreal consideró necesario informar a esta instancia sobre los elementos que deben tener en consideración para emitir la resolución al presidente de la República.
La información se hizo llegar también al entonces titular de la Sedatu, Jesús Murillo Karam.
El 26 de junio la Sedatu informó mediante un oficio que en un plazo no mayor a 3 meses se daría solución al caso, pero esto no ocurrió, y en lugar de ello la Sedatu sólo dio una contestación sin resolver el problema.
La Sedatu giró en julio de 2015 un oficio (I.110/DGAPPI/50976/2015) al señor Villarreal haciendo de su conocimiento que dicha dependencia federal "carece de facultades para modificar, confirmar o revocar cualquier determinación administrativa que en su momento la propia dependencia o cualquiera de las unidades administrativas adscritas a la misma hayan realizado cuando éstas han quedado firmes, ya sea por declaración judicial o administrativa o por el simple transcurso del tiempo".
Informó además que se encuentra imposibilitada para alterar aquellas resoluciones que en su momento hayan sido emitidas por el Tribunal Superior Agrario, Tribunal Unitario Agrario o en su caso los tribunales federales.
No obstante, también informó que los afectados por dichos actos o resoluciones de carácter administrativo o judicial han tenido y tienen a su alcance los medios de impugnación y recusos que la Ley les concede e incluso la potestad de acudir ante los tribunales competentes e intentar en la vía jurisdiccional correspondiente a la defensa de sus derechos.
Dicha contestación de la Sedatu fue emitida por Alma Rosa Márquez Rochel en ausencia del director general adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones y del director de Regularización de Predios, funcionarios que debieron dar una resolución a este oficio.
A finales del mes de agosto, Rosario Robles Berlanga tomó posesión formal como nueva titular de la Sedatu, siendo la tercera persona al frente de esta dependencia que fue creada en la actual administración federal.
El pasado 7 de septiembre, Villarreal solicitó la revisión de su caso, en misma fecha al coordinador de Gestión de Control de la Sedatu, José Daniel Juárez Pascual y envió un memorándum dirigido a Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, en el que solicita resolver el reclamo. Hasta el momento no ha habido respuesta.
LOS EJIDOS TAMBIÉN SON AFECTADOS
Macedonio Ramírez Hernández, presidente de la Procuraduría Agraria en Gómez Palacio, dependencia que abarca los 11 municipios de la Comarca Lagunera de Durango, ocupa el cargo desde mayo de 2015, pero está enterado del caso de la exHacienda La Loma, cuyos orígenes no sólo afectan a la familia Villarreal, sino también a los ejidos.
"Hemos revisado el asunto, pero nosotros estamos hasta abajo de la pirámide, el planteamiento tiene que resolverse en el lugar donde fue planteado, esto es en la Presidencia de la República que con toda seguridad lo va a turnar a la Consejería Jurídica y ellos emitir una opinión, lo mismo debe hacer la Sedatu", dice.
La Procuraduría Agraria se encarga de procedimientos de conciliación o arbitraje, pero admite que en el caso de los ejidos implicados en este asunto les afecta esta labor.
"Hay varios conflictos por lo mismo. No están claras las delimitaciones de sus tierras. Entre el ejido Margarito Machado y La Loma hay un conflicto muy antiguo, yo tuve conocimiento de eso desde los 80 y no ha podido ser resuelto de fondo. También con Graseros y Loma Verde. Toda esa zona tiene afectaciones desde la construcción de la presa", explica Ramírez.
El funcionario dijo que Villarreal realmente sabe de lo que habla, pero que no está en sus manos resolver este problema, puesto que compete a las otras instancias.
"Está muy bien documentado el señor Villarreal, tiene planos originales y los ejidos tienen planos y no concuerdan. Todo esto nos afecta la conciliación, por eso una de las salidas es la vía judicial. El señor sólo quiere su indemnización y no entrar en conflicto con los ejidos", explica.
Mientras tanto, Óscar Santos Villarreal, luego de casi cinco décadas de lucha legal, sigue esperando justicia de parte del Gobierno de la República y las instituciones que fueron creadas con este fin.
Burocracia
La familia Villarreal cuentan con planos y pruebas, pero:
⇒ Desde que fue detectada la irregularidad se han interpuesto ante diversas autoridades e instancias 23 recursos legales incluyendo denuncias y peticiones.
⇒ Han solicitado la intervención en la resolución de este asunto a 76 funcionarios de todos los órdenes de Gobierno.
⇒ Se han realizado ya más de 50 alteraciones a los planos originales basados en errores y de 1934 a la fecha.
⇒ Se han realizado más de 100 nuevos planos de la zona afectada y varios peritos se han basado en planos adulterados.
Ubicación:
Los terrenos son los que ocupan desde 1976 a la fecha los poblados Nuevo Graseros y Loma Verde en el agostadero "El Patrón", a la orilla izquierda de la carretera de acceso a las instalaciones y vaso principal de la presa Francisco Zarco, y a la orilla oriente de la Sierra El Mulato.
