Unos días antes de la elección intermedia, la Secretaría de Educación Pública decidió suspender los exámenes para ingreso, promoción y permanencia de los maestros. No se dignó a ofrecer razón alguna. En un comunicado ofensivamente escueto, se limitaba a decir que existían "nuevos elementos a considerar" y, por lo tanto, las evaluaciones se suspendían. Tampoco aclaró cuándo se retomarían, dando la impresión de que habían muerto. Parecía una claudicación definitiva. El anuncio simplemente decía que el proceso quedaba en suspenso. Tras la jornada electoral y sin ninguna explicación convincente, la SEP retomó el proceso que constituye una de las piezas centrales de la llamada "reforma educativa."
Aquel comunicado parecía una renuncia al propósito reformista, una entrega al chantaje de quienes han sometido durante mucho tiempo al Estado mexicano. Era también una abdicación al argumento. El gobierno mexicano no se esforzaba por explicar ni justificar su decisión. Comunicaba una resolución política y jurídicamente cuestionable y se guardaba las razones. Era la imagen del sometimiento y la arbitrariedad. El relevo en la Secretaría de Educación Pública ha significado un cambio notable que merece ser reconocido. Ha aparecido, en primer lugar, un defensor de la reforma educativa que hace frente a sus críticos. No regaña a los discrepantes ni se esconde como lo hacía su antecesor. Da la cara y defiende la reforma con la que despegó el gobierno federal. También se dispone a romper con las intimidaciones que han marcado el trato de los gremios con la autoridad educativa.
Más que las reformas concretas -más laborales y administrativas que propiamente educativas- celebro la firmeza con la que se encara hoy la presión de los grupos de interés. El nuevo Secretario de Educación ha sostenido que los maestros que no asistan a clase por participar en actividades políticas perderán su derecho a percibir la remuneración correspondiente. Así debe ser. No es que se reprima la protesta, es que la protesta no puede justificar el atropello de los derechos de los estudiantes. Dejar a un salón de clase sin maestro es cometer un fraude contra los niños, es perpetuar el desprecio a la educación. No puede sostenerse el proceso educativo cuando el derecho a aprender se pone por debajo de los intereses sindicales y los forcejeos de poder. Por eso hay que celebrar que la Secretaría de Educación ponga un alto al subsidio que ha entregado regularmente al boicot de sus propias iniciativas. Eso ha sido la tradición: se otorga cotidianamente un financiamiento público a esos intereses particulares empeñados en someter a la autoridad educativa. Igualmente plausible me parece la determinación de remover a los maestros que no hayan presentado la evaluación "diagnóstica". No se trata de un castigo a quienes hayan tenido malos resultados en el examen: es la consecuencia prevista por la ley para aquellos que deciden no presentarse a esa evaluación.
Se trata de una discreta revolución: aplicar la ley por encima de las intimidaciones. Reconocer que el derecho es la protección de los más vulnerables, aquellos que no tienen forma de organizarse para hacerse escuchar. No es un capricho político sino el cumplimiento estricto de lo que las normas disponen. Por supuesto, de inmediato han surgido quienes llaman por la ilegalidad bienhechora. El gobernador de Guerrero ha salido a pedir "tolerancia" a quienes, en horarios de clase, prefieren la consigna a la lección. La ilegalidad es el tributo que los gobiernos endebles están dispuestos a pagar por la apariencia de la paz. Lo sabemos bien: lo que se obtiene a cambio de esa constante negociación no es tranquilidad sino la normalización de la amenaza, el arraigo del chantaje.
En la escuela no solamente se libra la batalla por la educación. Ahí se confrontan las ideas contrapuestas sobre el Estado y la ley. En la escuela se decidirá si podemos construir un Estado que sea, auténticamente, defensor del interés general y no el prisionero de los intereses parciales. Ahí se decidirá también si habremos de regir la vida común por leyes antes que por componendas.
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