El asesinato de dos candidatos a puestos de elección popular en menos de 24 horas sacudió a la opinión pública, nacional e internacional, y a las mismas autoridades electorales, pero hasta hoy las preocupaciones de éstas se centran en brindar seguridad a los actores políticos y buscar una mayor afluencia a las urnas, sin querer reflexionar sobre las condiciones y la calidad de dicha participación.
Los actores políticos son los más expuestos a padecer las agresiones criminales de la delincuencia organizada, como lo muestran los asesinatos de tres candidatos y dos precandidatos a puestos de elección popular en lo que va de las campañas electorales: en febrero, Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a una diputación federal, en el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca; en marzo, Aidé Nava González, precandidata del mismo PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, Guerrero; en mayo, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI y PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero; Enrique Hernández, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán; y Héctor López Cruz, candidato priista a noveno regidor de Huimanguillo, Tabasco.
A estos asesinatos hay que sumar la intercepción y encañonamiento de Luis Walton, candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Guerrero, en abril; el secuestro de la candidata perredista a diputada local de Guerrero, Silvia Romero, quien apareció horas después, la semana pasada; y la retención por un comando armado de Juan Mendoza Acosta, candidato del PRD a la alcaldía de San Miguel Totolapan, Guerrero, una semana previa.
Así, tan sólo en Guerrero han sido abatidos una precandidata y un candidato y secuestrados, aunque haya sido por minutos, tres candidatos a puestos de elección popular; los otros tres asesinados se distribuyen en Oaxaca, Michoacán y Tabasco.
Es claro que hay zonas del país donde aspirar a un puesto de elección popular significa poner en riesgo la vida o tener la disposición a someterse a las exigencias de la delincuencia organizada, pues en todos los casos referidos los autores de los crímenes han sido comandos armados a los que puede vincularse con éstos.
Los últimos asesinatos hicieron que los integrantes del Consejo General del INE solicitaran a la Secretaría de Gobernación activar el plan de seguridad contemplado en los convenios que firmaron al inicio del proceso electoral. Sin embargo, particularmente Lorenzo Córdova, consejero-presidente, y Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión del Consejo responsable del enlace con los Organismos Públicos Estatales, insisten en que hay condiciones adecuadas.
Córdova, señaló "No hay que sobrerreaccionar y considerar que todo es una agresión a las elecciones, porque hay estados donde hay inseguridad". Y destacó "Hay estados donde hubo hechos violentos y la elección se realizará con cautela, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, eventualmente Jalisco, pero no quiere decir que tengamos focos rojos o circunstancias de alerta".
Baños, afirmó: "Sigue habiendo condiciones adecuadas para el desarrollo de las elecciones, pero también creo que los planes de coordinación que se han establecido para garantizar algún esquema de seguridad de los candidatos y para el buen desarrollo de la jornada electoral se tienen que poner en marcha".
El problema es que la inseguridad afecta también a la población y no sólo para acudir o no a votar, sino para decidir por quién votar, pues hay regiones y estados en los que el crimen organizado amenaza a comunidades enteras para obligarlos a votar por un determinado candidato o a no votar por otro. En Tamaulipas y Michoacán hay muchas evidencias de ello en el pasado; en la segunda entidad el mismo expresidente Felipe Calderón lo reconoció todavía en su calidad de titular del Ejecutivo.
Es falso y perverso afirmar que estos problemas se solucionarán con patrullajes del Ejército, como afirmó Baños al declarar: "No hemos tenido nunca en el país un patrullaje permanente de las calles por el Ejército, porque nosotros hemos desahogado los procesos electorales siempre en un clima de tranquilidad y donde las condiciones han sido adecuadas para el desarrollo de la jornada electoral, pero tenemos que darnos cuenta que lamentablemente el 2015 es diferente".
En el 2010, el Ejército patrullaba las calles de varias ciudades de Tamaulipas el domingo de las elecciones, tras el asesinato del candidato tricolor a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú; tampoco es cierto que siempre los procesos electorales se han desahogado en un clima de tranquilidad y que las condiciones han sido las adecuadas y los ejemplos son múltiples: Oaxaca, Michoacán y, el mismo caso, de Tamaulipas, pues ¿acaso es adecuado que se improvise un candidato en la semana previa para suplir al asesinado?
Pero lo peor, el patrullaje del Ejército no permitirá a los ciudadanos amenazados votar en libertad, pues saben que después de que emitan el voto si no gana el candidato elegido por el crimen organizado o gana el que no querían, quedarán inermes ante la delincuencia organizada ya que el Ejército habrá concluido su labor el día de la jornada electoral.
Sin embargo, tampoco se puede cerrar los ojos ante la realidad de que el crimen organizado también pone y quita candidatos y no únicamente a balazos, también lo hacen amenazando, apoyando, financiando o impulsando a los actores políticos. Casos como el de José Luis Godoy y de José Luis Abarca, simplemente son los ejemplos que ilustran con meridiana claridad el fenómeno.
A pesar de todas las incontrovertibles evidencias las autoridades civiles y electorales mantienen su postura a pesar de las lamentables consecuencias de haberlo hecho en el pasado: allí están los inefables gobiernos de Fausto Vallejo y Ángel Aguirre como monumento a su ceguera.
