La Ley de Hidrocarburos incluye "dientes suficientes" para que el gobierno actúe, pero se requiere del Estado firmeza en vigilar y controlar el traslado de combustible robado en pipas por las carreteras del país, y el apoyo y la denuncia ciudadana, afirma el coordinador del PVEM en el Senado, Carlos Alberto Puente Salas.
Dice que la autoridad debe instalar puntos de revisión para detener el tráfico de combustible robado e identificar su procedencia con un sistema técnico avanzado que detecte la cadena de complicidades que causan gran daño económico al país y que afecta la seguridad pública.
La vicecoordinadora del PRD en la Cámara Alta, Dolores Padierna, expresa que esta ley constituye "el primer 'parche' a la legislación energética" y que responde a una serie de delitos muy graves para la economía y la seguridad.
La Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos avanzó en menos de cuatro meses en el Senado y esta semana su dictamen aprobado por unanimidad en comisiones será votado por el pleno para convertirse en minuta con destino a la Cámara de Diputados.
Padierna Luna señala que se trata de una ley específica para tipificar como graves los delitos en materia de hidrocarburos, en respuesta a la problemática del robo de combustibles.
Los casos de "ordeña" de tuberías, explica, van en aumento, como lo indica el que en la primera década del siglo, las tomas clandestinas descubiertas fueron menos de 500 y en 2013 se detectaron dos mil 612 puntos.
