Desde hace 30 años la República Mexicana navega por los mares del liberalismo económico y la economía de libre mercado. Más allá de la discusión sobre la pertinencia de conducir al país por esas aguas, algo que era inevitable si se toma en cuenta la tendencia mundial de la época, quiero referirme a un aspecto que en su momento se ofreció como uno de los principales beneficios para la ciudadanía en general: la ampliación de la libertad económica que, en teoría, propiciaría el progreso material de la población y la disminución de la brecha entre ricos y pobres. La premisa era: a mayor libertad económica, mayor bienestar social. Pero algo falló en el timonel o hubo verdades que los capitanes del barco se reservaron.
La concentración de riqueza en México no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado, incluso más que en el resto de Occidente, que también registra dicha tendencia. Las cifras que la confederación internacional de organizaciones Oxfam presentó en su informe "Gobernar para las Élites" el año pasado en el Foro Económico de Davos, indican que "casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el 1 % de la población". Según los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en México apenas el 0.18 % de los habitantes concentra casi la mitad de la riqueza.
De acuerdo con cifras del centro de investigación económica Wealth Insight, los millonarios en México apenas representan el 0.12 % de la población del país, porcentaje muy inferior al registrado en Estados Unidos (1.8 %) y el Reino Unido (1.12 %). Ese reducido grupo de mexicanos pudientes posee el 43 % de la riqueza individual. Y mientras el Producto Interno Bruto crece a un ritmo promedio de 2.8 % anual, de acuerdo con datos de los últimos 20 años, se espera que la riqueza total de los multimillonarios mexicanos crezca 44 % entre 2013-2017, a razón de 8.8 % promedio anual. Es decir, la tendencia a la concentración de la riqueza en México parece irreversible. Y cuando se habla de libertad económica, habría que preguntar ¿para quién?
Un aspecto fundamental para propiciar la apertura de negocios en todos los niveles es la disminución de los trámites, costos y tiempos de los mismos. Aunque en México ha habido avances en este sentido, aún está muy lejos de alcanzar las facilidades de naciones más desarrolladas. Revisemos los casos de Estados Unidos y Reino Unido y comparémoslo con el nuestro en el índice de facilidad para hacer negocios, mejor conocido como Doing Business, del World Bank Grupo. Un mexicano tiene que realizar seis procedimientos, esperar seis días y pagar el equivalente al 18.6 % de la utilidad del negocio para abrir una empresa. Un estadounidense debe realizar seis procedimientos, en 5.6 días, con un costo de 1.2 %. Un británico enfrenta seis procedimientos, en seis días, con costo del 0.3 %. Conclusión: aunque el mexicano tiene que esperar casi lo mismo y hacer igual número de trámites que los otros dos, le resulta considerablemente más caro.
Ahora bien, si hablamos de tramitar un permiso de construcción, hacer un contrato de electricidad y registrar una propiedad, el mexicano se encuentra en enorme desventaja. El costo promedio del permiso para construir es de 10.3 % del valor del edificio; del contrato de luz eléctrica, 346.1 % de la utilidad del negocio, y del registro de propiedad, 5.1 % del valor de la propiedad. Para el estadounidense y el británico es mucho más barato: 1 y 1.2 % en permiso de construcción; 25.5 y 90.1 % en contrato de electricidad, y 2.4 y 4.6 % en registro de propiedad, respectivamente.
Con estos datos podemos deducir que en México, contrario a lo que ocurre en países desarrollados, no cualquiera puede iniciar un negocio y para hacerlo debe juntar una buena cantidad de recursos para destinarlos a los pagos de los trámites. Si a esto le sumamos la fallida nueva política hacendaria, el panorama se vuelve más sombrío. Al respecto, el balance que realiza el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) es contundente: muchas empresas, especialmente las micro, decidieron migrar a la informalidad para evitar el pago de impuestos contemplados en la Reforma Fiscal, situación que se refleja en la caída del 2.3 % en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta. En términos llanos: las microempresas o pagan tributos o sobreviven. Reman contracorriente por un río en el que les llueve sobre mojado.
La percepción de la Iniciativa Privada es que los cambios en la política fiscal tienden a beneficiar a las grandes empresas y perjudicar a las micro, pequeñas y medianas, que son las que generan la mayor cantidad de empleo en el país. Y precisamente por eso, el Grupo Empresarial Lagunero está promoviendo amparos colectivos contra medidas específicas como la contabilidad electrónica, ya que ésta les hace perder tiempo y dinero al tener que contratar servicios de despachos fiscales.
Aunque sin duda el problema tiene más aristas, es posible encontrar en los altos costos que tiene el abrir una empresa y mantenerla, y en la pesada carga impositiva del Estado mexicano, dos factores relevantes en contra de la libertad económica que tanto se ha pregonado. A la luz de los datos aquí mencionados es fácil deducir en manos de quiénes está esa libertad: en manos del 0.12 por ciento de la población.
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